CIUDAD DE MÉXICO. En el contexto de un gobierno dividido, sin mayorías en el Congreso, cada año la aprobación del Presupuesto federal requiere de una mayor negociación política, aunque no va más allá de una "bolsa negociable" o "piñata presupuestal" que representa el 10 por ciento en promedio del monto total.
Los partidos fijan su atención sólo en segmentos que dan visibilidad y reconocimiento político, que beneficia a grupos organizados.
De acuerdo con una amplia investigación que coordinó Luis Carlos Ugalde, director del grupo consultor Integralia y exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, bajo el título "La negociación política del Presupuesto en México 1997-2012", el 90 por ciento del Presupuesto Público lo avala el Congreso prácticamente sin discusión, pues se considera comprometido, lo que representa un "cheque en blanco" para el gobierno federal.
Esto significa –concluye– que contiene partidas con obligatoriedad jurídica o política, como son los sueldos y salarios, subsidios, pensiones, programas sociales, proyectos de inversión, transferencias a entidades federativas, entre otras.
También reconoce que en 16 años (de 1997 a 2012) el Presupuesto federal aumentó, en términos reales, 108 por ciento, al pasar de 1 billón 885 mil millones a 3 billones 920 mil millones de pesos, un crecimiento anual promedio del 5 por ciento.
Plantea además que la lógica de la negociación es política y los criterios técnicos que la orientan son escasos.
Advierte la "falta de un trabajo profesional, integral y cotidiano del Congreso" para aprobar el presupuesto y dar seguimiento al ejercicio del gasto, lo que –señala– "ha dado a la Secretaría de Hacienda un enorme poder para definir el rumbo del gasto, incluso vetar, en la práctica, algunos programas aprobados por el Congreso".
La investigación incluye entrevistas con exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda, que revelan que la dependencia tiene amplias atribuciones en la ley para conducir el gasto, incluyendo algunas facultades discrecionales:
"Es una forma de hacer que las cosas funcionen y maniobrar frente a recursos escasos y a una tendencia cada vez mayor del Congreso para gestionar recursos para el clientelismo político. Si se le ataran las manos a Hacienda sin profesionalizar al Congreso, la consecuencia sería un desastre mayor".
ACTORES DE LA NEGOCIACIÓN
En una revisión histórica, detalla los distintos estilos de negociación y preparación del Presupuesto en tiempos del PRI y del PAN.
En los años 90, por ejemplo –explica– las decisiones presupuestarias eran tomadas, además del presidente de la República, por un grupo reducido de funcionarios públicos. En la práctica, dice un entrevistado, El expresidente "Zedillo era el secretario de Hacienda".
En cambio, en el gobierno de Vicente Fox hubo dos estilos de negociación: Durante los primeros dos o tres años muchos secretarios cabildeaban con los diputados de forma directa con el consentimiento o indiferencia del presidente de la República.
"Esa fragmentación causó desorden y era un estímulo a la explosión del gasto público", según lo manifiesta un entrevistado: "Fox decía 'sí' a todos los que le pedían dinero, y luego era el secretario de Hacienda quien tenía que decir `no´".
Se apunta que el desorden que prevaleció durante los primeros años del gobierno de Vicente Fox.
Durante la administración de Felipe Calderón hubo "varias ventanillas" para negociar, pero según un entrevistado, siempre bajo la batuta de Hacienda. Aunque otro entrevistado comentó que durante ese sexenio también "la negociación del presupuesto se manejó con mucho desorden y habían demasiadas ventanillas abiertas, lo que afectó el proceso de negociación".
DIPUTADOS Y COMPROMISOS
Por el lado del Congreso –detalla– los diputados buscan dos cosas en la negociación del Presupuesto: Primero, imprimir su visión sobre la ruta del desarrollo del país y procurar que sus promesas de campaña se plasmen en los grandes rubros del gasto.
Segundo: los legisladores buscan obtener recursos para impulsar sus carreras políticas: dinero para proyectos que les den visibilidad y popularidad en sus estados y regiones, así como recursos para proyectos estratégicos de los gobernadores de sus entidades cuando son aliados.
Durante los últimos años, los proyectos más rentables políticamente han sido carreteras y caminos rurales, proyectos hidráulicos, diversos programas del campo y de desarrollo social, universidades públicas, hospitales, arte y cultura.