CIUDAD DE MÉXICO. Senadores de PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron una iniciativa de consenso para aprobar antes del 15 de diciembre las leyes secundarias en materia de transparencia, que establecen como sujetos obligados a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y a los poderes Legislativo y Judicial.
El grupo de senadores que redactaron el proyecto de ley, encabezados por Arely Gómez, del PRI; Laura Angélica Rojas, del PAN; Alejandro Encinas, del PRD, y Pablo Escudero, del PVEM, puntualizaron que el ordenamiento también constituirá el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como los organismos garantes con que contará cada estado.
Detallaron que debido al consenso alcanzado en este proyecto, en el que participaron organizaciones civiles, académicos y expertos en transparencia, la iniciativa pasará sin mayor problema en comisiones para que se vote en el pleno a más tardar la próxima semana.
Encinas señaló que el propósito es que la minuta en la materia se turne a la Cámara de Diputados antes de que termine el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre, a fin de que ese órgano legislativo pueda aprobarla antes del 7 de febrero, fecha en que vence el plazo establecido en la reforma constitucional para desahogar la reglamentación del ordenamiento.
Aseguró que estas reformas representan un esfuerzo plural sin precedente, la cual "tiene una fuerte vocación federalista y ayudará a democratizar la vida interna de los partidos y sindicatos, además de homologar la legislación local y fortalecer la autonomía de los órganos garantes estatales".
Al respecto, la senadora Arely Gómez detalló que la legislación contempla la creación del Sistema Nacional de Transparencia, el cual estará encabezado por el nuevo órgano nacional en materia de transparencia, e integrado por los institutos estatales en la materia, la ASF, el AGN y el Inegi.
También se establece un esquema para que organismos garantes cuenten con la facultad de sancionar por incumplimiento de las obligaciones que la ley dispone de manera directa a los sujetos obligados.
Apuntó que en el apartado de sanciones la reforma remite a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o el equivalente local, para establecer un procedimiento de fincamiento de responsabilidades a los sujetos obligados.