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Temer buscaría luchar contra la corrupción en caso de ser presidente: documento

Según un documento, en caso de que Dilma Rousseff sea destituida de su cargo, el vicepresidente Michel Temer lucharía contra la corrupción de su país mediante las instituciones fiscalizadoras y con controles estrictos sobre las empresas estatales.

Un eventual gobierno liderado por el vicepresidente de Brasil, Michel Temer, seguiría adelante con el combate contra la corrupción en el país mediante el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras y la aplicación de controles más estrictos sobre las empresas estatales, según un documento visto por Reuters.

El documento de 17 páginas sirve como marco para las políticas sobre salud, educación y temas sociales bajo un posible próximo gobierno del vicepresidente y se espera que sea publicado la próxima semana.

Temer podría asumir la presidencia interina de Brasil dentro de semanas si, como se espera, el Senado suspende a la mandataria Dilma Rousseff por presuntamente violar las leyes de presupuesto.


El abogado constitucionalista de 75 años está organizando su posible gabinete y elaborando su estrategia con un pequeño grupo de asesores.

Sus críticos han dicho que Temer intentaría interferir con la mayor investigación sobre corrupción en el país, que ha involucrado a muchos políticos de su Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

La investigación ha revelado una enorme trama de corrupción en la petrolera controlada por el Estado Petrobras, en la que empresas de construcción sobornaban a políticos y ejecutivos para conseguir lucrativos acuerdos. Temer no está bajo investigación.

En el documento visto por Reuters, el PMDB pide garantías de un mayor financiamiento para la policía federal, que es una de las instituciones que lidera la investigación del caso de corrupción.

El documento también pide que el Gobierno otorgue mayores poderes de supervisión a la oficina del contralor nacional y leyes para imponer sanciones más severas a los ejecutivos corruptos de compañías estatales.

Los proyectos de infraestructura quedarían en las manos de compañías privadas bajo el eventual nuevo Gobierno, con medidas que garanticen una mayor supervisión de grandes proyectos, dice el documento.

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