Un aborto es un procedimiento médico que busca poner fin a un embarazo, pero más que eso, es una necesidad de salud básica para millones de mujeres, niñas y personas gestantes en el mundo. De ahí que el acceso a un aborto seguro y legal deba ser reconocido como un derecho humano en su totalidad.
Basta con dar un repaso por el panorama actual del aborto a nivel global para entender la urgencia de una protección elemental a los derechos reproductivos.
De acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW), actualmente, la tasa de abortos inseguros es casi 45 veces mayor en países cuyas leyes son profundamente restrictivas, en comparación con aquellos donde el aborto es legal.
Asimismo, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que “las complicaciones en el embarazo y el nacimiento son la causa principal de muerte en niñas y mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años”, además de que las menores de entre 10 y 14 tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud que pongan en peligro su vida a diferencia de los embarazos en personas adultas.
“La OMS también señala que la falta de acceso a una atención del aborto segura, asequible, oportuna y respetuosa, así como la promoción del estigma asociado con el aborto, pone en riesgo de por vida el bienestar físico y mental de quienes solicitan este procedimiento”, destaca HRW en su informe.
¿Por qué el aborto es una cuestión de derechos humanos?
Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos al conjunto de derechos y libertades inherentes al ser humano, esenciales para garantizar la plena dignidad de los individuos, sin distinción de nacionalidad, sexo, religión, origen, lengua, color o etnia.
Estos derechos universales son recogidos y validados por el derecho internacional y los órganos creados para protegerlos, de manera que los países tienen la obligación de respetar y hacer efectivas estas garantías, incluidas las relativas a la salud y a la autonomía sexual y reproductiva.
A su vez, el restringir o prohibir el aborto también vulnera otros derechos humanos protegidos internacionalmente, como el derecho a la no discriminación, a la igualdad, a la vida, a la salud, a no sufrir tratos crueles e inhumanos, así como el derecho a la autonomía, a la integridad física y a decidir cuántos hijos se quiere tener.
Según explica HRW, estos derechos están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se protegen a través de numerosos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), entre varias más.
En este sentido, el organismo considera que los derechos reproductivos también son derechos humanos, incluido el derecho al aborto. Por ende, los Estados no pueden negarse a brindar este servicio de salud a mujeres, niñas y personas gestantes.
De igual forma, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que monitorea el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha expresado que las naciones que forman parte de este pacto no pueden regular el aborto, de modo que sus leyes obliguen a recurrir a abortos inseguros, reiterando que el aborto debe ser legal y seguro para las personas embarazadas, “particularmente en aquellos casos en los que el embarazo sea resultado de una violación sexual, incesto o que ponga en riesgo la vida de la persona gestante”.
Abortar es una decisión individual y personal
Sobre la eterna discusión de a quién corresponde la decisión de abortar o no, los derechos internacionales también lo tienen claro.
Human Rights Watch argumentó en tribunales de Brasil, Colombia, Corea del Sur y Estados Unidos que la jurisprudencia en el tema, así como el derecho internacional, llegan a la conclusión de que las decisiones sobre la interrupción legal del embarazo corresponden únicamente a la persona embarazada, “sin injerencia ni restricciones irrazonables por parte del Estado o de terceros”.
Asimismo, la organización Ipas México menciona que desde hace casi 30 años, “los gobiernos de más de 100 países han reconocido que la toma de decisiones libres e informadas sobre el embarazo y el parto es un derecho humano básico que los Estados deben garantizar”.