CIUDAD DE MÉXICO. El 67 por ciento de la vivienda en México es informal, alerta el informe del Índice de Competitividad Urbana 2014, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Señala que el principal reto para enfrentar este fenómeno no sólo empieza en la dimensión laboral, sino en el hábitat, desafío que requiere cambios institucionales inmediatos para frenar su crecimiento.
En el documento, entregado a la Cámara de Diputados, el presidente del IMCO, Juan Pardinas, plantea que "preocupa mucho la informalidad en la economía nacional, ya que cerca del 59 por ciento de los mexicanos trabajan en ella y 67 por ciento de la vivienda es informal".
Precisa que "se hace muy poco por frenar los asentamientos irregulares en el país, ya que tres de cada cuatro hectáreas que se incorporan a la mancha urbana lo hacen sin respetar la normatividad".
"El único instrumento para tratar de revertir la tendencia de informalidad en la vivienda es el Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah), con resultados y recursos muy limitados, que este año sumaron 237 millones de pesos".
Añade que "el Pasprah atiende a menos del 10 por ciento de la población potencial y está 50 por ciento por debajo de su meta".
Por ello, propone crear "una visión estratégica de las ciudades desde el gobierno federal, en coordinación con los estados y municipios, a fin de que el Fondo Metropolitano se utilice en obras prioritarias en cada zona urbana, para que hospitales, centros de estudio y oficinas se edifiquen en zonas céntricas, para evitar más gastos en transporte y problemas en la movilidad de las personas".
Además el IMCO sugiere establecer "incentivos para cumplir la normatividad por los tres niveles de gobierno; cero tolerancia en nuevas violaciones, porque si no hacemos algo ahora, el índice de vivienda informal se va a disparar en 2 o 3 años al 70 u 80 por ciento".
Subraya que los fondos metropolitanos "se proyectan más por criterios financieros que de planeación para resolver problemas urbanos y sociales, en obras disociadas entre los estados y municipios".
Por otra parte, considera que la Sedatu tiene un presupuesto insuficiente.