El discurso oficial contrasta con la realidad. Mientras que el nuevo gobierno reitera que recibió un balance positivo de López Obrador, en los hechos ocurre lo contrario. Lo observamos en el techo de endeudamiento que solicitó Claudia Sheinbaum al Congreso por 1.5 billones de pesos, cifra exorbitante, aunque es menor a la ejercida por AMLO en su último año de gobierno, que fue del orden de casi 2 billones de pesos.
En cualquiera de los casos, se observa que los ingresos son insuficientes para cubrir un Presupuesto que crece de manera exponencial por el gasto social, pago de intereses de la deuda, pensiones y participaciones a las entidades federativas, entre otros conceptos.
López Obrador se despachó con la cuchara grande al contratar deuda en su administración por 6.4 billones de pesos, un monto sin precedente alguno, incluso en esos gobiernos neoliberales que, a decir de la 4T, fueron nefastos.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene que hacer malabares para alargar la cobija, porque en estricto sentido y desde un punto de vista técnico, las finanzas públicas atraviesan por un estado de vulnerabilidad de alto riesgo.
Una nota del periódico Reforma refiere que de enero a octubre del año pasado, en conjunto, los recursos que se destinaron a cubrir el costo financiero del sector público y el gasto para pensiones y jubilaciones representaron 51 por ciento de los ingresos tributarios, su mayor cifra en 29 años. Ni siquiera en la crisis financiera del 94-95 se tuvieron estos niveles.
En este contexto, sorprenden las alegres cifras y nuevos proyectos del gobierno de la presidenta Sheinbaum, cuando en la realidad sus márgenes de operación son muy acotados precisamente por la carencia de ingresos.
Me comentaba hace poco José Antonio Meade, extitular de la SHCP, que en realidad el gobierno tiene muy poco margen de maniobra para realizar nuevos proyectos de infraestructura o echar a andar programas sociales de alcance nacional, por carecer de esa solvencia que da la disciplina de contención en el ejercicio de los recursos presupuestarios del Estado.
En el sexenio de AMLO se dilapidó el dinero público en la construcción de las obras insignia que fueron producto de ocurrencias y no de estudios técnicos y de viabilidad financiera, además de los de impacto ambiental y social, entre otros. Así, la refinería de Dos Bocas se ha mamado más de 23 mil millones de dólares y todavía no refina nada, al igual que el Tren Maya, que para ser autosuficiente, van a pasar por lo menos tres sexenios y eso si le incorporan la modalidad de carga.
Por el estilo están el AIFA, la Megafarmacia, Mexicana de Aviación y otras tantas gracejadas tabasqueñas que provocaron endeudar a las próximas generaciones.
Pero eso sí, AMLO se llenaba la boca de que ellos son diferentes y que además son castos e impolutos, cuando en la realidad resultaron de lo peor.
Llama la atención que el nuevo gobierno siga en esa galopante obsesión de mantener el gasto presupuestal creciente, en virtud del crecimiento exponencial del costo de los programas sociales vigentes y otros tantos que vienen en camino.
El regalar el dinero público, es decir, ese que no le pertenece a la nueva clase gobernante, permite, por un tiempo, afianzar en el poder a los populistas, pero a la larga, se trata de un bumerán destructivo que viene de regreso.
En la hoja de ruta del obradorato está la asunción al poder en 2030 de ‘Andy’ López, aunque para ese entonces se vivirá un país convulsionado socialmente por la cancelación de los apoyos sociales.
La autocracia, con todo el poder que tiene, no tiene la capacidad de vislumbrar un futuro sin complicaciones en materia de gobernabilidad derivada de la quiebra financiera de las finanzas públicas.
Desde ahora, se contrata nueva deuda pública a un costo financiero muy alto, en tasas superiores a 13 por ciento, cuando para otros países estas se mantienen en la mitad o menos de este porcentaje.
Contratan deuda cara con el consecuente incremento en el pago de los intereses.
La jefa del Ejecutivo se mantiene firme al negarse a impulsar una reforma fiscal; claro, lo hace bajo la consigna electoral, empero, precisamente para las elecciones intermedias. Si quiere mantener su hegemonía en el Congreso y en los estados, debe necesariamente contar con ingresos frescos que le permitan ‘operar’ para los comicios.
De verdad, el escenario es dantesco y si a eso le agregamos la amenaza que representa Donald Trump para las finanzas públicas y la estabilidad social, pues estamos fritos.
Transitaremos por el peor de los mundos: en manos de la 4T y pisoteados por la bota del magnate inmobiliario.