2025 será un año clave para el futuro de las energías en nuestro país y ciertamente un claro pronóstico de lo que ocurrirá en el sector durante el resto de la administración a cargo de la Dra. Sheinbaum.
La administración actual ha anunciado la pretensión de lograr un 50% de energía limpia para el cierre del sexenio en 2030. La realidad indica que esta ambición está lejos de cumplirse, encontrándonos incluso lejos de la meta del 35% pretendida al cierre de este 2024.
Este gobierno ha indicado también, de manera consistente con lo anunciado durante el sexenio anterior, la pretensión de que el 54% de la generación de electricidad corra a cargo del Estado. Esto se antoja asimismo como un reto importante considerando que tan solo el 7.5% de la nueva capacidad fue aportada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el periodo 2018-2023.
Asimismo, la administración ha indicado la intención de lograr un Pemex limpio, una meta que, insistimos, cuando menos bajo las condiciones actuales y las actividades que ha venido privilegiado la empresa del Estado, se antoja un reto de difícil consecución.
2025 traerá consigo la aprobación de leyes secundarias que faciliten la aplicación de la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales que eliminan la figura de empresa productiva del Estado y la obligación de CFE y Pemex de seguir mejores prácticas y lograr rentabilidad para regresar al concepto de empresas públicas; en el caso de CFE con funciones de planeación y control, reforma que inserta nuevamente el concepto de servicio público de electricidad y la no prevalencia de privados sobre CFE en el sector de electricidad, excluyendo asimismo la participación del sector privado como coadyuvante en la construcción, la modernización y el mantenimiento de las redes de transmisión y distribución.
El artículo transitorio segundo de la reforma prevé un plazo de 180 días naturales para realizar adecuaciones a las leyes secundarias en la materia. La administración ha anunciado que se espera contar con estas leyes secundarias antes de que concluya el primer trimestre de 2025.
Esta tarea representa también un reto muy importante. A manera de ejemplo, en el caso de la reforma energética aprobada a finales de 2013, tomó más de tres años y medio implementar la reforma al marco legal, regulatorio, administrativo y la elaboración de bases, lineamientos y contratos a utilizarse. Veremos.
2025 nos traerá también la extinción de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, debiendo estar atentos a la manera como se absorberán sus funciones y los recursos humanos y presupuestales asignados al efecto.
El sector privado espera expectante el 2025 ante el anuncio de la administración de oportunidades de participación en el sector eléctrico.
Se espera mayor apertura en lo que se vislumbra como la oportunidad única de escribir y respetar reglas del juego sensatas y claras, en aras de lograr un mayor crecimiento y una transición energética responsable y ordenada.
Los mecanismos de participación anunciados incluyen la entrega de energía a CFE, esquemas de generación mixta y la participación en el mercado eléctrico mayorista.
Se anticipa con optimismo moderado una apertura prudente por parte del Gobierno Federal, planificando y liderando esfuerzos del tránsito hacia energías renovables con apertura a la participación privada, mucho mayor eficacia en la labor administrativa y de gestión, con piso parejo para todos los participantes y una Secretaría de Energía con funciones más estrictas de planificación y regulación, pero idealmente con recursos presupuestales y humanos suficientes y capacitados, pero sobre todo con una visión estratégica que privilegie la técnica y un sentido pragmático y de eficiencia más que ideológico.
En este, como en otros temas, deberíamos pensar más en las siguientes generaciones y menos en las siguientes elecciones.
El autor es Líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.
