Fue aprobado esta semana el Presupuesto para el 2025 y con ello se culmina todo el proceso de autorización del Paquete Económico para el próximo año.
Pocos habrían apostado a que los mercados y los inversionistas le hubieran dado luz verde a la propuesta fiscal para el próximo año prácticamente sin sobresaltos.
Pareciera un milagro guadalupano.
En realidad, hay que poner una calificación de sobresaliente a la Secretaría de Hacienda por el trabajo realizado. Por un lado, por el de carácter técnico en la confección del Paquete, pero también en el proceso político.
Al final hubo que hacer una reasignación presupuestal, que se pudo acomodar sin hacer mayores olas.
Obviamente, hay una innumerable cantidad de quejas a propósito de los recortes realizados. Pero ya no será tema de Hacienda, sino de otras dependencias.
El logro de este año, sin embargo, no va a poder repetirse en los próximos.
El cuadro económico y fiscal de 2025 es muy complejo y lo más probable hasta ahora es que el crecimiento del próximo año sea menor al del actual.
Eso implica que es probable que los ingresos públicos pudieran incluso quedarse cortos o estar muy justos.
Las agencias calificadoras han dado el beneficio de la duda a un nuevo gobierno que pareciera tener racionalidad en el ejercicio de la función pública y una Secretaría de Hacienda que tiene el respaldo de la presidenta para apretar el gasto, pese a los eventuales costos políticos que pudieran existir.
Sin embargo, el escenario de 2026 probablemente pudiera ser aún más difícil que el de este año y, para seguir con la trayectoria de reducción del déficit a la que el gobierno se ha comprometido, los espacios van a ser aún menores.
Ese es el contexto en el que el líder de la fracción mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha insistido en la necesidad de hacer una reforma fiscal.
Es poco probable que Monreal planteara el tema sin el conocimiento de la presidenta de la República, pese a que ella haya expresado que no se tiene contemplada tal reforma.
En este espacio le comentamos que, en el sexenio de López Obrador, ‘reforma fiscal’ era una expresión prohibida.
Creo que los señalamientos de Monreal son el indicio de que el gobierno quiere que el tema se discuta en el curso de 2025, sin que esto quiera decir que ya se tomó la decisión de emprenderla.
La ‘eficiencia recaudatoria’ derivada de mayor vigilancia seguramente va a tener rendimientos decrecientes.
Si se quiere tener una recaudación creciente que soporte tanto los mayores gastos derivados de los programas sociales como de los proyectos de infraestructura, será necesario hacer cambios más profundos en el sistema tributario mexicano.
Quizás modificar tasas del ISR y tal vez cambiar algunos esquemas en materia de IVA.
Y no descarte usted otros cambios de los que ya se ha estado hablando, como la federalización del impuesto predial (que pasaría a reflejarse en las participaciones) o el establecimiento de impuestos nuevos, como a determinadas transacciones financieras o a las herencias. No está claro aún.
La negativa a la reforma fiscal en el sexenio de López Obrador derivó de una promesa de campaña que AMLO se obstinó en cumplir.
Claudia Sheinbaum señaló en diversas ocasiones que en el corto plazo no veía la necesidad de una reforma fiscal, pero su rechazo no ha tenido la contundencia que sí tuvo con AMLO.
El gobierno anterior era uno profundamente conservador en materia fiscal y ahora el de Sheinbaum es mucho más abierto a visiones modernas, como puede ser un cambio en los esquemas tributarios.
La oportunidad de discutir dicha reforma, me parece que se limita al año 2025, pues si se pospusiera para 2026, estaría muy cerca del año electoral de 2027.
Por eso me inclino a pensar que en el futuro inmediato otras voces del oficialismo van a seguir la ruta de Monreal y a plantear que tiene que haber en el futuro cercano una reforma fiscal.