Juan Antonio Garcia Villa

Necesario presupuesto alternativo

¿Por qué les apuraba tanto a los legisladores que el debate sobre el PEF se diera con premura y a matacaballo, habiendo tiempo para ello, y se aprobara ‘antes que inmediatamente’?

Cuando estas líneas se publiquen, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2025 estará en plena discusión en la Cámara de Diputados, o tal vez ya hasta haya sido aprobado porque los diputados líderes del oficialismo traen mucha prisa de que así sea. ¿Por qué les apura tanto a los legisladores morenistas que el debate sobre el PEF se dé con premura y a matacaballo, habiendo tiempo para ello, y se apruebe ‘antes que inmediatamente’?

La respuesta es relativamente sencilla. Pero antes, en beneficio del lector, vale la pena recordar dos o tres cosas aplicables al proceso legislativo al que constitucionalmente debe sujetarse el PEF.

Primero, señalar que corresponde al presidente de la República presentar a la Cámara de Diputados el proyecto de PEF para el ejercicio anual siguiente, lo cual debe ocurrir a más tardar el 8 de septiembre del año anterior, excepto –y aquí viene lo importante- en el año en que hay cambio de Ejecutivo, como ahora es el caso, se tiene hasta el 15 de noviembre.

Vale también tener presente que el PEF no está sujeto a la aprobación del Senado, por tratarse de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No caer pues en la trampa, como parece insinuarse, de que una vez que lo aprueben los diputados todavía falta que el Presupuesto vaya al Senado. Falso.

Como es igualmente falsa la insinuación que también se hace, en el sentido de que el Presupuesto ha de estar aprobado a más tardar el día 15 de diciembre, porque “así lo ordena la Constitución”. No es cierto, en el año en que hay relevo de presidente de la República el plazo para aprobar el PEF se extiende hasta el 31 de diciembre, según claramente lo dispone el art. 66 de la Carta Magna.

También existe la creencia de que al discutirse el PEF, a los diputados no les está permitida la modificación del presupuesto para establecer nuevos programas o hacerles ajustes. No es cierto, la Constitución claramente dispone que los diputados tienen como facultad anual la aprobación de aquél “previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo” (art. 74-IV).

Queda claro, entonces, que al proyecto de PEF sí se le pueden hacer modificaciones -ajustes, reasignaciones- y que se dispone hasta el 31 de diciembre para aprobarlo.

¿A qué obedece pues la desaforada urgencia de los diputados morenistas? Se debe a que mientras más tiempo tengan las organizaciones civiles, los medios críticos y en general, la opinión pública para analizar el proyecto de PEF enviado por Claudia Sheinbaum, mayormente se darán cuenta de que continúa la política obradorista de despilfarros, de invertir en caprichos, en obras faraónicas de escasa o nula rentabilidad, a costa de sacrificar programas que verdaderamente necesita la población.

Para arreglar, así sea en parte, tanto desaguisado como contiene el proyecto presidencial de PEF, el grupo mayor de oposición en la Cámara de Diputados, que es el de Acción Nacional, ha realizado un interesante ejercicio al respecto. Sin aumentar impuestos ni proponer nuevos, puesto que la Ley de Ingresos ya fue aprobada, lo que plantea son una serie de ajustes modificatorios mediante reasignaciones entre diversos rubros de gasto, por el equivalente apenas a 4.4 por ciento del total del Presupuesto.

Así, se plantea reducir en 20 mil millones de pesos (mmdp) de lo que se propone destinar al llamado Tren Maya (un fracasado proyecto ecocida que jamás será rentable), 50 mmdp a Pemex (ahora convertido en un barril sin fondo), 50 mmdp a Dos Bocas (¿para qué necesitará recursos si ya fue inaugurada tres veces esa refinería?), y así otros recortes más a proyectos improductivos, que son bolsas de corrupción, proyectos gestionados con opacidad de campeonato so pretexto de la seguridad nacional, hasta completar 416 mmdp.

Y ese dinero destinarlo a programas específicos en materia de seguridad pública (cinco), de salud (siete), de familia y mujer (ocho, entre estos el de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo); para reactivación económica (23) y 31 programas más en rubros tan importantes como son educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, comunidades indígenas, medio ambiente, y el Fonden, que ya se vio lo indispensable que es.

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