Tanto la violencia como el crimen tienen un impacto en el crecimiento económico e implican un costo monetario para el país, que claramente cobra factura a los negocios sin importar su sector o tamaño.
La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI estima que, en 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas del sector privado representó un monto de 124.3 mil millones de pesos (0.51 por ciento del PIB).
Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 67.2 mil millones de pesos, equivalente a 54 por ciento del costo total.
Durante 2023, el costo promedio del delito por unidad económica, a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas, se estimó en 54 mil 451 pesos.
Por entidad federativa, el costo promedio del delito por unidad económica registró el monto más elevado en Guanajuato con 82 mil 915 pesos, seguido de Sinaloa –donde la ola de violencia ya llegó a los tres meses– con 78 mil 371 pesos, mientras que la Ciudad de México y el Estado de México están por arriba del promedio nacional con 63 mil 645 y 66 mil 54 pesos, respectivamente.
Mediante la ENVE, se estimó que en 2023 las unidades económicas del sector manufacturero, así como las de tamaño grande, erogaron las cantidades monetarias más elevadas a razón del gasto en medidas de protección y de pérdidas a causa del delito.
El costo promedio del delito por unidad económica en las industrias manufactureras fue de 98 mil 654 pesos, es decir, 18.7 por ciento mayor en términos reales que el de 2021.
Este costo por unidad económica en las empresas grandes fue de un millón 367 mil 366 pesos, si bien se redujo 0.4 por ciento real contra el de dos años antes.
Sin embargo, para las unidades económicas de tamaño micro, que representan la mayor parte de los establecimientos en México, el costo del delito se disparó 17.7 por ciento real entre 2021 y 2023, a 32 mil 380 pesos en promedio.
El INEGI estimó que, en 2023, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito. Lo anterior equivale al 27.2 por ciento de las 4.8 millones de unidades económicas que se estima hay en el país.
Esto quiere decir que prácticamente uno de cada tres negocios fue víctima de al menos un delito el año pasado.
Durante 2023 se cometieron 2.9 millones de delitos asociados a las 1.3 millones de unidades económicas que fueron víctimas de delitos. De lo anterior se desprende que la tasa de concentración fue de 2.2 delitos por unidad económica víctima.
De los 2.9 millones de delitos cometidos en el último año, 747 mil fueron extorsiones, lo que representa la cuarta parte de todos.
De estos, 113 mil correspondieron a delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento o por cobro de piso por parte del crimen organizado en las unidades económicas.
Lo más preocupante es que en el 67 por ciento de los casos, se entregó lo solicitado, lo que equivale a dos de cada tres delitos de extorsión.
En 2023 hubo un cambio estadísticamente significativo contra el 44.8 por ciento de los casos en 2021 en que se entregó lo solicitado.
De los 2.9 millones de delitos ocurridos en 2023, el 90.3 por ciento quedó en la impunidad, pues esa proporción es la llamada ‘cifra oculta’, que corresponde al porcentaje de delitos sin denuncia o sin inicio de carpeta de investigación.
De acuerdo con el INEGI, la ENVE 2024 complementa la información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) enfocada en los hogares y en las personas.
Según la Envipe 2024, que generó información sobre la victimización delictiva durante 2023, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares representó un monto de 282 mil millones de pesos, es decir, el 1.15 por ciento del PIB nacional.
De manera que el costo total a causa de la inseguridad y el delito en las unidades económicas del sector privado y en la población adulta representa un monto equivalente al 1.66 por ciento del PIB (1.7 por ciento con redondeo de la cifra).
La inseguridad y delincuencia en el país no sólo se reflejan en los indicadores sobre delitos y criminalidad, sino también en la victimización directa de personas, hogares o empresas.