¿Deben los diplomáticos interferir en la realización de un partido de fut? ¿Qué papel debe jugar el área de seguridad en la protección de los jugadores que viajan a países o regiones que enfrentan altos índices de violencia o protestas sociales? ¿A quién debe de responsabilizarse si algún jugador resulta lastimado o enfrenta un incidente donde se pone en riesgo su integridad física?
¿Tal vez las respuestas podrían ser diferentes si estos jugadores son miembros del seleccionado nacional? Esta es la situación que enfrenta la Federación Mexicana de Futbol y los directivos del Santos Laguna que la semana que entra tendrán que enviar, a menos que suceda algo extraordinario, a jugadores seleccionados a jugar en la Copa Libertadores ante el Deportivo Anzoátegui, en la ciudad Puerto la Cruz, estado de Anzoátegui, en la convulsionada Venezuela.
Los directivos del equipo de la Comarca Lagunera han estado preocupados por tener que jugar en un país donde están en medio de un conflicto político con tintes violentos, la desesperación de la población por la carestía y desabasto de bienes en las tiendas y la oposición enfurecida por la represión y la falta de acceso a los medios de comunicación.
En este coctel de potenciales peligros deberán jugar Oribe Peralta (goleador de la Selección Mexicana y Futbolista del Año de la Concacaf 2013), Javier Orozco (dos veces máximo goleador en la Concacaf Liga de Campeones), Alonso Escoboza (campeón con Santos en el Clausura 2012) y Néstor Araujo (medallista de oro en Londres 2012).
Dado que los directivos del Santos Laguna temen por la integridad de sus jugadores, quisieron ver la forma de poder evitar que asistan a Venezuela a jugar o por lo menos buscar otra sede para este encuentro.
Pero la respuesta de la Conmebol fue tajante: multa de un millón 600 mil dólares y cinco años de suspensión en Copa Libertadores si el Santos Laguna se rehúsa a jugar el partido contra el Deportivo Anzoátegui. Las autoridades de la Conmebol se han negado a tomar una postura respecto a si deben, ya sea posponer el juego o hacer un cambio de sede.
El gobierno venezolano insiste que no sólo debe llevarse a cabo el juego, sino que hay todas las garantías para los jugadores. Para el Presidente Nicolás Maduro el que se lleve a cabo este juego, y de ganar el Deportivo Anzoátegui, sería mandar una señal de normalidad en su país.
De no participar el equipo mexicano, sería enviar una señal al mundo de que Venezuela está en la antesala de una revolución, insurrección o una guerra civil. Para Venezuela esto no es sólo un juego de futbol, es un juego político.
Hay que señalar que en este tipos de casos, los seguros que normalmente protegen a viajeros y jugadores no aplicarían de suceder algún acto de violencia en el estadio, ya que para la mayoría de las empresas aseguradoras del mundo, Venezuela es un país en situación de instabilidad política. No importa las garantías que dé el gobierno venezolano.
Parecería que ninguna autoridad gubernamental o deportiva mexicana quiera involucrarse o tomar una posición a favor o en contra de que viaje el Santos Laguna a Venezuela. La Federación Mexicana de Futbol, muy bien gracias, de nuevo, demostrando su absoluta incompetencia para tomar decisiones a favor del futbol mexicano y el seleccionado nacional.
El gobierno mexicano parecería estar más preocupado por las relaciones diplomáticas con el Presidente Maduro, que por la Selección mexicana y connacionales que viajan a ese país.
Hasta la fecha, no ha habido una declaración de la Presidencia y de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la actual situación en Venezuela. Hay que recordar que en la Cumbre de América del Norte en Toluca, Barack Obama y Stephen Harper hicieron un llamado al gobierno venezolano de cesar el uso de violencia. Del Presidente Peña Nieto sólo hubo silencio sobre el tema.
Cambio de sede o cancelación de un juego tiene precedente y no deberían tener miedo las federaciones y los países de exigirlo para asegurar la protección de sus jugadores. Poniendo en debida perspectiva la crisis en Ucrania, las selecciones de futbol de Estados Unidos y Ucrania sí jugaron el partido amistoso del miércoles, pero lo desplazaron a Chipre. Asimismo sucedió con el encuentro entre el Dinamo de Kiev y el Valencia de la liga Europea.
Pero ninguna autoridad deportiva o gubernamental ha querido presionar desde México opciones a no jugar en un país que a todas luces vive una crisis de protestas y violencia.
Los jugadores del Santos Laguna, los seleccionados nacionales que juegan en este equipo, se han vuelto piezas del ajedrez político internacional por la falta de interés o la incapacidad de las autoridades de tomar una decisión.
Si el Santos Laguna juega en Venezuela es un espaldarazo a Maduro, si no juega o cambian de sede es una agresión al gobierno venezolano y apoyo a la oposición.
Así de sencillo.