El gobierno del estado de Querétaro rechazó tener relación con la empresa italiana Hacking Team, dedicada a desarrollar software para vigilancia electrónica.
El oficial mayor del estado, Julio César Pérez Rangel, declaró que luego de circular en redes sociales la información sobre el tema, la dependencia a su cargo realizó una revisión en el área de adquisiciones, misma que no arrojó resultados que acrediten la contratación de algún servicio prestado por parte de Hacking Team.
"No existe ningún pago que se le haya realizado a una empresa con esa denominación", aseguró.
El funcionario insistió en que "no hay ninguna factura, ningún proceso ni ninguna contratación" por parte de la Oficialía Mayor, a cargo de Hacking Team.
Respecto de Teva Tech, señalada como intermediario entre la autoridad estatal y Hacking Team, aclaró que la búsqueda realizada por el gobierno estatal sólo se relaciona con la empresa italiana.
El funcionario estatal conminó a la ciudadanía, en caso de estar interesada, a solicitar los datos vía acceso a la información.
"Nosotros tenemos una obligación, que es rendir buenas cuentas y nos encontramos ahora en el periodo de entrega-recepción", sostuvo.
El lunes, luego de trascender la información del hackeo realizado a Hacking Team, el gobernador de Querétaro, José Calzada, dijo desconocer el tema.
De acuerdo con la información que circuló en días pasados, el gobierno estatal de Querétaro sería una de las instituciones públicas que contrataron los servicios de la empresa Hacking Team, relacionada con el espionaje mediante la intervención de dispositivos electrónicos.
Al respecto, el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, Armando Coronel Ramírez, consideró una violación a la privacidad el que se intervengan comunicaciones sin el consentimiento de la persona.
"Si por alguna razón alguna institución oficial llegara a violar los derechos de una persona, desde luego sería una situación muy grave en perjuicio de los ciudadanos que daría como margen para un juicio político en contra del funcionario que violara las disposiciones de la ley", comentó.
Un segundo documento difundido, fechado en enero de 2013, indica un un pago de 242 mil euros.
