CIUDAD DE MÉXICO.- Empresas del sector energético como Petróleos Mexicanos (Pemex), Enel Green Power, Gas Natural Fenosa y asociaciones como la de Distribuidores de Gas (Adigas); la Mexicana de Gas (Amexgas); la Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex) y la Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) solicitaron a la Secretaría de Energía (Sener) eliminar las Disposiciones de Impacto Social que están hoy en discusión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).
La regulación propuesta por la Sener obligaría a las empresas que participen en el sector energético a medir el impacto social de sus proyectos, lo que implicaría cuantificar las posibles consecuencias en la población que resulten del desarrollo de obras.
Sin embargo, las empresas consideran que el gobierno es quien tiene la obligación constitucional de mejorar las condiciones sociales, y que con esta regulación se trasladaría a los empresarios del ramo este deber, de aprobarse estas disposiciones que detallan cómo será la relación entre los nuevos proyectos derivados de la reforma energética y las comunidades en los que se realicen.
Un total de 17 comentarios que se han realizado al anteproyecto de Disposiciones Sociales en su mayoría coinciden en que se violan los artículos 73, 89 y 115 de la Constitución en los que se establece que el Congreso de la Unión –no la Sener- es el único facultado para legislar en materia de desarrollo social, principal argumento del sector privado para pedir la remoción de este anteproyecto.
Un ejemplo de lo que implicarían estas reglas para los empresarios es que deberán incluir un apartado en el que se caracterice a los pueblos y comunidades indígenas que se ubiquen en el área de Influencia del proyecto, con criterios como identidad o autoadscripción, continuidad histórica, o su conexión territorial, lo que –argumentan- es facultad del Gobierno.
"El Ejecutivo a través de sus Disposiciones de Impacto Social pretende trasladar sus obligaciones de buen gobierno", dice la AMDEE.
Incluso un comentario de la propia empresa productiva del Estado, Pemex, a quien también le aplicarán estas disposiciones, señala que el estudio de Impacto Social es responsabilidad de la Sener, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Hidrocarburos y Artículo 78 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, no de las empresas.
Para Enel Green Power, la Sener debe reconsiderar, pues la información solicitada en el Estudio de Impacto Social se debe entregar en momentos tempranos del desarrollo del proyecto cuando aún no se tienen claras muchas de las interacciones con las comunidades, lo que hace imposible su cumplimiento.
Además, de que con estos impedimentos que atrasarían proyectos, el cumplimiento de la meta de generación eléctrica limpia del Gobierno estaría en riesgo, advirtió Gas Natural Fenosa.
Una queja común en los comentarios es que la legislación se aplica de manera indiscriminada a los diferentes tipos de proyectos. "El Anteproyecto contempla una serie de disposiciones genéricas aplicables a una variedad de actividades que no tienen impactos similares", destaca el despacho López Velarde, Heftye y Soria.
Estas disposiciones aplican para todas las actividades del sector energético tanto en la rama de hidrocarburos como son la distribución y expendio de gas L.P y gas natural y toda la cadena productiva de exploración y extracción como a la transmisión y distribución de electricidad.
En la venta de gas natural, la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) reclamó que se incluyera a esta industria en las actividades de expropiación.