No hay armas a la vista en el campo rebelde de Guaviare, un estado al sur de Colombia. En su lugar, alrededor de 500 exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) usan ropa de civil y pasan el tiempo jugando futbol y volibol, mientras esperan ser reintegrados a la sociedad.
Varias mujeres entre ellos —que mientras pelearon fueron obligadas a usar controles de natalidad y tener abortos— están embarazadas o cuidando de recién nacidos. Algo más: los exguerrilleros piensan en cómo ganarse la vida ahora que han rendido las armas.
Cuando el gobierno colombiano firmó la paz con las FARC el año pasado fue el fin a 52 años de conflicto, que dejaron 220 mil muertos aproximadamente y desplazó a más de 5 millones de personas. También significó que 7 mil guerrilleros tendrían la oportunidad de desarmarse y entrar al mercado laboral, un paso fundamental para la paz.
LA REALIDAD DEL MERCADO
Reclutados como adolescentes, muchos de los rebeldes son campesinos analfabetas que poseen pocas habilidades además de disparar un AK-47 y curar heridas.
La sola idea de salir adelante por cuenta propia llena de lágrimas los ojos de una rebelde de 37 años, que usa el nombre de guerra Sofía Nariño. Cuando se firmó la paz y llegó a Bogotá por una emergencia médica, acompañada de personal de Naciones Unidas, se sintió rara sin su AK-47 y frustrada alrededor de civiles que hablaban mal de las FARC. "La sociedad colombiana no está preparada para recibirnos", dice. "Sabemos que nos van a rechazar".
Enrique Lozada se unió a las FARC a los 17 años porque no tenía trabajo y no veía futuro para él, pero luego de 11 años de combate se desilusionó y decidió huir. Cuando se estableció en la ciudad de Yopal, fue tratado como mafioso, dice. Sus potenciales empleadores lo rechazaban y los bancos bloquearon sus intentos de abrir una cuenta.
Eventualmente, Lozada, de 41 años, usó un préstamo de su hermano para abrir un pequeño almacén de madera. "Les espera un shock muy fuerte", dice refiriéndose a los FARC actuales, "salir de la jungla es muy confuso".
Para los excombatientes, el gobierno ofrece ayuda clínica, porque muchos sufren síndrome de estrés postraumático. También opera programas de apoyo académico para preparatoria, capacitación y capital semilla para negocios. El proceso de desmovilización toma unos seis años y cuesta unos 13 mil dólares por exguerrillero.
Cientos de empresas colombianas contribuyen al esfuerzo. Coltabaco, la productora de tabaco más grande del país, ha gastado 15 millones de dólares en mini mercados y plantaciones de tabaco que emplean a exguerrilleros y miembros de los escuadrones de la muerte paramilitares, los archienemigos de los rebeldes. "Tenemos que cooperar para que estas personas no vuelvan a una vida de crimen", dice Humberto Mora, vicepresidente de Coltabaco. "No hacemos esto por simple altruismo, también es una forma de autoprotección".