No importa qué candidato gane la elección presidencial, en los próximos años tendrá los retos de elevar el ritmo de crecimiento de la economía, estimular la inversión pública como detonador de la inversión privada y mantener un entorno de certeza jurídica.
"Más que diseñar programas asistenciales con un elevado costo para el erario, uno de los objetivos principales de las propuestas presidenciales debe ser el estímulo de la inversión pública, que al ser detonador de la privada, contribuye a mejorar el bienestar de los hogares a través de más empleos y mejor remunerados", expone el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) en su comentario semanal.
Indicó que la necesidad de incrementar la oferta de puestos de trabajo formales y mejor remunerados hace evidente que se requiere una mayor inversión productiva que estimule el acervo de capital.
"Ésta es sin duda la mejor manera de reducir los niveles de pobreza y desigualdad", detalla en su comentario semanal.
La inversión pública tiene un papel muy importante, que se refleja en carreteras, puertos, aeropuertos y otras obras que contribuyen a incrementar la productividad y mejorar la competitividad del país.
"Sin duda el reto de las autoridades es estimular la inversión pública, que es el detonante principal de la privada", señaló.
Aunque, agregó, que existen otros factores que inciden en la evolución de la inversión privada además de la rentabilidad, como es un entorno de Estado de derecho, de certeza jurídica y de derechos de propiedad.
"Es fundamental asegurar que se respeten las reglas del juego, de otra manera la incertidumbre puede inhibir los flujos de inversión", advierte el centro de estudios.
Otro de los retos que el CEESP ve para el próximo presidente es acelerar el ritmo de expansión económica de forma más homogénea y con mejor distribución entre los sectores.
Para el CEEPS, el avance de 2.3 por ciento de la economía en el primer cuarto del año, está por debajo del promedio de los últimos 24 años que es de 2.5 por ciento, por lo que para que México pueda lograr un avance de 4 por ciento anual necesitaría una inversión productiva equivalente al 25 por ciento del PIB, que actualmente es del 22 por ciento y de ella, sólo 3 por ciento corresponde a inversión pública, uno de los porcentajes más bajos en los últimos 70 años y que acumula ocho años consecutivos con variaciones negativas.
El hecho de que México es una de las economías más abiertas del mundo es un factor más que se debe tomar en cuenta, según el CEESP, toda vez que los diversos tratados comerciales que ha firmado, generan un entorno de certidumbre en el exterior y de certeza jurídica para los flujos de inversión, además de ser una importante vía de entrada de tecnología.