CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal se prepara para dar marcha atrás a la restricción que tienen los bancos para recibir dólares en efectivo por parte de las empresas.
En 2010 se introdujeron límites para la recepción en efectivo de dólares de Estados Unidos a las instituciones de crédito, que se establecieron con la finalidad de mitigar el riesgo de que entraran divisas producto de operaciones ilícitas al sistema financiero mexicano.
A cuatro años de su implementación, se han observado efectos tanto positivos como negativos, reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su petición de cambios enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para modificar el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
El efecto positivo, dijo, es que por una parte, se ha reducido la cantidad de dólares en efectivo que anualmente reciben las instituciones de crédito a cuatro mil millones, esto en 2013; en un momento se estimó que se exportaban 16 mil millones de dólares al año.
Lo negativo es que algunos sectores económicos han manifestado afectaciones por la imposibilidad de realizar operaciones en efectivo con dólares, aun y cuando las mismas se justifiquen al ser parte de sus actividades económicas, indicó la dependencia.
Por ello, a petición del Presidente Enrique Peña, con el fin de incentivar la economía nacional, se liberalizarán las actuales restricciones impuestas a los bancos, con el fin de que las mismas puedan recibir dólares de sus clientes personas morales, siempre que cumplan con requisitos de identificación y conocimiento del cliente, tal como se hace con quienes actualmente son calificados como de alto riesgo en materia de lavado de dinero por las instituciones de crédito.
Fuentes consultadas del sector bancario, explicaron que la petición fue hecha por el Consejo Coordinador Empresarial, y las medidas que se proponen siguen siendo estrictas y las empresas tendrán que cumplir con varios requisitos para poder depositar dólares en efectivo.
Lo que se tiene que analizar, estimaron fuentes bancarias, es si se hace un mayor énfasis en operar con la corresponsalías en dólares que se crearon en su momento precisamente para aliviar el problema de los empresarios principalmente de las fronteras, o si cada banco hace uso de estos cambios propuestos,.
El pasado 23 de junio pasado, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, se reunió con miembros de la Comisión Permanente, y les informó que el tema se discutió con autoridades de EU, a fin de no elevar el límite, sino de quitarlo para aquellas empresas que tuvieran una certificación.
Dijo que esto tenía un doble propósito: El primero, reconocer que las empresas que obtienen efectivo en dólares en forma legítima puedan insertarlos al sistema financiero en las mejores condiciones aumentando su productividad y el segundo objetivo era contar con mayor información dentro de todo el esfuerzo que se ha hecho para evitar el lavado de dinero.
Dirigentes del sector privado coincidieron en que los sectores más afectados por esta restricción son comercio, turismo y manufactura.
Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco), celebró que la SHCP haya tomado en cuenta esta iniciativa, en beneficio de las empresas. "Es un hecho que ha habido un traslado de cuentas bancarias al otro lado de la frontera y habría que ver el impacto que se ha tenido en la fuga de divisas", dijo.
Por su parte, Rodrigo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), coincidió en que ésta es una medida muy apropiada para toda la zona fronteriza.
Resaltó que las pequeñas y medianas empresas cuya actividad económica está muy ligada al ingreso de dólares al menudeo, se han visto afectadas por el manejo después del depósito.
Finalmente Luis Roberto Abreu, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), reconoció que les preocupa el tema de lavado de dinero, dijo que también es cierto que ahora las autoridades tienen otros mecanismos para detectar el ilícito.