La Secretaría de Hacienda sobreejerce los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), que es uno de los fondos que reclamó el gobierno de Chihuahua para el saneamiento de las finanzas estatales.
México Evalúa, con información de la propia Secretaría, señaló en un análisis que el Fortafin tuvo un presupuesto aprobado de mil 560 millones de pesos en 2016, pero erogó 65 mil millones de pesos, es decir, sobreejerció 64 mil millones de pesos.
Para 2017, el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Fortafin fue de 3 mil 244 millones de pesos, pero este fondo había ejercido 32 mil 806 millones de pesos o 10 veces más a septiembre del año pasado, de acuerdo con información actualizada.
Este año, Hacienda dispondrá de un presupuesto en el Fortafin de 2 mil 538 millones de pesos, pero en el Proyecto de Presupuesto 2018 la dependencia no había asignado recursos a esta "bolsa".
Los recursos de este fondo son para atender las solicitudes de las entidades federativas para saneamiento financiero que involucra pago a proveedores, aguinaldos y gasto corriente.
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, explicó que los recursos para el Fortafin provienen del Ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas, que no está regulado por la Ley, por lo que los recursos y su distribución son controlados directamente por Hacienda.
En el PEF y las distintas bases trimestrales que da a conocer Hacienda, no se conoce a qué estados se les aprobó la recepción de recursos del Fortafin, señaló Campos.
"Esto significa que la Cámara de Diputados aprobó ese presupuesto -del Fortafin- sin saber a qué gobiernos locales iría dirigido (...) la decisión sobre dichas asignaciones la toma el Poder Ejecutivo a través de Hacienda", dijo.
Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que una de las lecciones del caso Chihuahua es que los convenios entre Hacienda y los estados deben ser mucho más transparentes, particularmente en los ingresos extraordinarios.
"El modelo de coordinación fiscal se siente cada vez más agotado, vayamos discutiendo otro que sea mucho más claro en términos de derechos y responsabilidades para los estados y el gobierno Federal", apuntó.
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