Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), las empresas involucradas en actos de sobornos podrían librar las acusaciones al deslindarse de sus directivos e implicarlos como los únicos responsables del delito, anticiparon abogados expertos en la materia.
Eugenia Castañeda, abogada corporativa de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, expuso que la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) considera en el Artículo 25 ciertas atenuantes en estos casos.
"Para eso están los programas de integridad del artículo 25. Las empresas pueden probar que sus empleados actuaron fuera de la línea de negocios y decir que realmente el directivo se saltó los códigos de transparencia", reconoció.
La nueva Ley contempla que las empresas deben constituir manuales de organización y código de conductas de sus miembros, además de crear sistemas de vigilancia y de denuncia y generar políticas de transparencia y capacitación.
Sin embargo, uno de los problemas del SNA es que los magistrados encargados de sancionar aún no tienen la reglamentación para saber cómo validar los programas de integridad, a fin de saber si las empresas dicen la verdad.
Además, aún no se nombran magistrados ni fiscal anticorrupción para ejecutar la LGRA.
Ayer El Financiero publicó que las firmas podrían enfrentar hasta su disolución en caso de verse vinculadas en actos de corrupción en México; no obstante, la Ley en su Artículo 215 señala que las resoluciones pueden ser apeladas.
"El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre", dice el ordenamiento.
José Luis Benavides, especialista en derecho corporativo, señaló que además las empresas siempre pueden usar el amparo como recurso.
"La clave es tener el apoyo de un abogado talentoso para solucionar", dijo
Explicó que, si una compañía es acusada, ya sea por oficio, luego de la publicación de una nota periodística, por denuncia o por resolución de una auditoría, tiene margen de maniobra.
"Si una empresa se coludió con el gobierno para tener información que otras firmas no tuvieron en una licitación y así ganar, y luego es acusada con pruebas firmes, se puede señalar al directivo o personal de la empresa como responsable del acto" dijo.
El abogado aseveró que si la empresa demuestra que la persona que participó en dicha licitación no tiene poder de decisión dentro de la compañía y fue la única que participó en el presunto acto de corrupción "la puede librar", aseveró.