El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió modificar las fechas para que los interesados en las cadenas de televisión abierta a licitarse presenten su solicitud de los días 16 y 17 de junio al 2 y 3 de septiembre del presente año y en consecuencia se modificaron también las fechas siguientes previstas en el calendario de las Bases de Licitación.
El IFT explicó que tomó dicha determinación debido a que está pendiente la emisión de la legislación secundaria derivada del decreto de reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. "No existe certidumbre sobre algunos aspectos que pueden incidir en el plan de negocios de los interesados, lo que podría constituir un desincentivo a la inversión, tanto para posibles participantes como para la obtención de financiamiento", señaló el regulador.
Con esta decisión, indicó, el Pleno del IFT asegura que los interesados cuenten con mayor certidumbre sobre el marco normativo.
"Lo anterior es consistente con el mandato de asegurar la máxima concurrencia en las licitaciones públicas relativas a las concesiones del espectro radioeléctrico, previsto en el artículo 28 Constitucional, que en el caso particular tiene por objeto una mayor competencia en la televisión abierta" finaliza el IFT.
EXPERTOS VEN PRUDENTE EL RETRASO
Expertos del sector consideraron prudente este movimiento del IFT para dar certidumbre a las firmas interesadas sobre sus derechos y obligaciones frente al Estado y para definir su plan de negocios.
"Es muy sensato que el IFT lo esté considerando porque mientras no haya ley, los interesados no van a saber cuáles son sus derechos y obligaciones, así no pueden hacer un plan de negocio. Se aventarían un volado", expresó Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones.
Los académicos coinciden en que era poco probable que el órgano regulador pudiera cumplir en tiempo y forma con el inicio del proceso de licitación, que ya había sufrido un cambio de fecha anteriormente, debido a la lentitud en la aprobación de las leyes secundarias.
Señalaron que tener los efectos de la reforma de telecomunicaciones no se harán presentes en la economía hasta que las reglamentaciones estén terminadas.
"Es incorrecto, pero prudentemente inevitable, pocos privados y jugadores potenciales estarían dispuestos a participar en la licitación no teniendo claras las reglas del juego. No sé qué tan sólida podría ser esa licitación cuando no tiene un sustento legal", comentó Saúl López-Noriega, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Los catedráticos señalaron que el IFT ha tomado decisiones importantes sin sustento legal que desincentivan el interés de 'pools' de inversionistas interesados en la creación de una nueva cadena de televisión abierta.
"Un ejemplo es la autorización que le dieron a Carlos Slim para poder transmitir video, todavía no queda del todo clara, pero es un enorme desincentivo para los jugadores de TV abierta. Otro ejemplo es no declarar preponderante a Televisa en televisión de paga", indicó López-Noriega.
En opinión de Ernesto Piedras, socio director de The Competitive Intelligence Unit, el retraso en la licitación implica posponer inversiones cuantiosas en la cadena económico, en un segmento que tiene un valor de 4 mil millones de dólares.
