La verdad puede ser más extraña que la ficción. Desde que Alberto Nisman fue encontrado muerto en su apartamento de Buenos Aires, Argentina – o más precisamente, el gobierno de Cristina Fernández – ha demostrado la sabiduría del proverbio. No podría haberse inventado historia semejante.
Hace tres semanas, Nisman se estaba preparando para el momento decisivo de su carrera. El 19 de enero, el fiscal de 51 años de edad se preparaba para acusar a la presidenta de encubrir el presunto papel de Irán en el peor ataque terrorista de Argentina: un atentado en 1994 que mató a 85 personas. Unas horas antes de su audiencia en el Congreso, la madre de Nisman encontró a su hijo tendido en un charco de sangre.
En un primer momento, Fernández sugirió que la muerte de Nisman fue un suicidio. Después, en un mensaje inconexo de Facebook, sugirió que fue un asesinato a manos de espías renegados que querían desacreditarla.
"En Argentina . . . todos los días se tiene que explicar lo obvio y lo sencillo", escribió. Y agregó: "En Argentina, como en todas partes, no todo es como parece". Pocos líderes pueden igualar tal sarcasmo.
Las teorías conspirativas se van acumulando. Los funcionarios culpan a "intereses oscuros". Sin embargo, la mayoría de las teorías de la conspiración son alimentadas por el propio Estado.
El domingo, Clarín, un diario que ha chocado repetidamente con la presidenta, reportó que Nisman también había redactado una orden para el arresto de Fernández. El gobierno desmintió el informe y, en la televisión, el jefe de gabinete lo desacreditó por completo. Al día siguiente, se supo que el artículo era verdad: el borrador de la orden se encontró en el basurero de Nisman.
Los argentinos siguen sospechando de sus servicios de inteligencia, que poco han cambiado desde que la dictadura militar terminó en 1983. Eso significa que la propuesta de la Sra. Fernández de que unos espías renegados planearon la muerte de Nisman no es del todo inverosímil. Sin embargo, eso no hace que Fernández sea una reformista creíble de los servicios de espionaje argentinos, un papel que ella insistió que había asumido durante una alocución de una hora por televisión el 26 de enero.
Después de todo, largos años de experiencia han hecho que los argentinos también desconfíen de las mentiras del gobierno – acerca de casi todo, pero especialmente con respecto a la corrupción y la inflación. El gobierno, actuando como si fuera más santo que la Madre Teresa, siempre ha refutado tales alegatos.
Pero ahora, atrapado por sus propios errores, ya no puede disfrazar la realidad con palabras. Nadie sugiere que la Sra. Fernández orquestó la muerte de Nisman. Pero las acciones de su gobierno sugieren que tiene miedo y tal vez oculte algo. El comportamiento de Fernández tampoco ha ayudado. Todavía no ha ofrecido sus condolencias a la familia de Nisman. El miércoles, en un viaje a China, se burló del acento de sus anfitriones, diciendo que el humor es la mejor reacción ante los insultos.
Ahora el centro de atención se centra en el poder judicial de Argentina. Es lento, ineficiente, quizás corrupto, pero todavía goza de silos de competencia y de experiencia legal. De hecho, su independencia es una de las razones por la que Argentina no está en tal mal estado como Venezuela, a pesar de los mejores esfuerzos de la Sra. Fernández por controlarlo. (Ella es abogada).
Hace dos años, por ejemplo, la Sra. Fernández propuso una reforma para elegir por medio del voto popular el panel que elige los jueces argentinos. Supuestamente "democratizaría" el sistema judicial. En realidad, lo habría puesto a la orden de los políticos en el poder. Al final, los tribunales rechazaron la iniciativa, como lo hicieron con el acuerdo con Teherán patrocinado por el gobierno con respecto al ataque terrorista de 1994.
Uno no tiene que buscar muy lejos los motivos por los que la Sra. Fernández quiere apilar el poder judicial a su favor. Su riqueza personal ha crecido exponencialmente desde que ella y su fallecido marido llegaron al poder en 2003. En 2013, según su más reciente declaración de impuestos, su riqueza creció un 15 por ciento a US $6.6 millones. Pero su presidencia termina este año, no puede buscar la reelección y, despojada de inmunidad, podría quedar legalmente vulnerable. Las acciones de Fernández ofrecen aún más motivos para sospecha.
Una solución podría ser llevar un equipo creíble de expertos independientes encargado de investigar la muerte de Nisman – y también el atentado de 1994. México trajo expertos forenses argentinos para investigar la muerte de 43 estudiantes este año. Del mismo modo, una comisión respaldada por la ONU investigó la misteriosa muerte de un juez guatemalteco en 2009. Buenos Aires no ha tomado iniciativas similares.
El resultado es una conspiración para cometer asesinato que nadie cree será esclarecida debido a la colusión de tantos sectores: el Estado, la presidencia, el poder judicial, el Congreso y los servicios de inteligencia. La historia refleja la noción de que Argentina, 32 años después de la desaparición de la junta militar, sigue siendo en el mejor de los casos una democracia imperfecta y en el peor, un Estado delincuente.
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Financial Times