El escándalo de Odebrecht se está extendiendo de Brasil hacia el resto de Latinoamérica. A medida que se hacen públicos los detalles del acuerdo de culpabilidad de la desacreditada empresa de construcción, se está haciendo evidente que sus tratos no sólo eran el centro del escándalo de "Lava Jato" (lavado de autos) de Brasil. Además, para ganar contratos de obras públicas, Odebrecht también pagó masivos sobornos a una enorme cantidad de políticos a través de la región durante muchos años.
Los efectos secundarios también prometen ser significativos. Políticamente, pudieran influenciar elecciones al enredar en escándalos a los actuales gobiernos o a los partidos de los anteriores líderes, como en Perú, y contribuir al surgimiento de candidatos en contra de la clase dirigente. Recientes encuestas en Brasil y Chile sugieren que estos efectos ya han comenzado. Económicamente, argumenta Medley Global Advisors (MGA), un servicio de macroinvestigación propiedad del Financial Times, es probable que afecten negativamente el crecimiento, ya que las inversiones en infraestructura se retrasarán mientras que los organismos del sector público revisan sus procedimientos.
A largo plazo, sin embargo, el impacto debiera ser positivo a medida que Latinoamérica se vuelve más estricta en cuanto a este tipo de corrupción. Brasil parece estar exportando no sólo sus escándalos, sino también sus maneras de lidiar con ellos, conforme los fiscales de países vecinos visitan el país para aprender cómo preparó su investigación de la operación "lavado de autos".
En Brasil, por supuesto, la investigación ya ha dañado la economía, y contribuyó a la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Nuevas revelaciones están afectando a políticos en todo el espectro, incluyendo a miembros del actual gobierno del presidente brasileño Michel Temer.
Si bien es probable que Temer sobreviva, él ha prometido — bajo presión — desistir del uso de inmunidad, y despedir, a todos los miembros del gabinete acusados formalmente por el Fiscal General, y es probable que haya una gran cantidad de ellos. En cualquier caso, es casi seguro que las elecciones presidenciales de 2018 traerán un cambio de gobierno.
El escándalo de Odebrecht también ha tenido un grave impacto en Perú, donde se han implicado a las tres administraciones más recientes del país: la de Alejandro Toledo, la de Alan García y la de Ollanta Humala, mientras que el Banco Central ha reducido sus proyecciones de crecimiento para 2017 a 3.7 por ciento del 4.4 por ciento a principios de año. Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente de Perú, hasta ahora no se ha visto afectado, a pesar de que sirvió durante el gobierno de Toledo, pero su popularidad ha caído al 35 por ciento del 60 por ciento en su punto máximo en agosto. Mientras tanto, el Sr. Toledo es actualmente un fugitivo internacional y Perú está pidiéndole ayuda a EU en relación con su extradición.
El hecho de que tantos gobiernos peruanos anteriores han sido corrompidos sugiere la necesidad de una amplia revisión de la clase política y de poner fin a la tradición de que los expresidentes se postulen a la presidencia. En un país donde ya hay candidatos en contra de la clase dirigentes, es la izquierda la que ha sido la más vocal acerca del escándalo y es la que se está beneficiando hasta ahora.
Mientras tanto, los reveses de la agenda de infraestructura del gobierno dificultarán todavía más el plan de lograr un 5 por ciento de crecimiento. MGA estima que Perú seguirá estancado en un rango de un 3-4 por ciento, ya que los proyectos de construcción más allá de los 24 liderados por Odebrecht están cancelados o retrasados. La red de tuberías del Gasoducto del Sur, con un valor de 7 mil millones de dólares, ya ha sido abandonada, con sólo un décimo del proyecto completado.
En Colombia, con elecciones presidenciales a casi 13 meses de distancia, y con el presidente Juan Manuel Santos en pleno control del Congreso, las acusaciones de financiamiento inapropiado de Odebrecht no pondrán en peligro la estabilidad del gobierno. Y con la implicación tanto de la administración como de la principal oposición de derecha, es todavía probable que las elecciones en 2018 den lugar a un gobierno centrista.
El impacto directo del escándalo sobre la economía colombiana también será menos perjudicial que en Perú, ya que Odebrecht era una figura de menor relevancia en Colombia, con sólo tres proyectos importantes. Dos de ellos se anularán y, con suerte, se volverán a subastar. Pero el escándalo ha puesto de relieve el ambicioso programa de infraestructura "4G" del presidente que todavía necesita financiamiento, y que ahora tomará más tiempo y costará más. Los retrasos pudieran mantener el crecimiento económico cerca del 1.8 por ciento estimado para el año pasado, lo cual sería decepcionante.
En Argentina, por otro lado, los impactos sobre el gobierno de Mauricio Macri y sobre la economía probablemente serán insignificantes. De hecho, incluso pudiera haber un aspecto positivo para el presidente ya que es probable que cualquier acusación y enjuiciamiento se centre en las anteriores administraciones de Kirchner, bajo las cuales Odebrecht realizó ofertas y obtuvo numerosos contratos en Argentina. Esto podría complicar aún más la situación legal de Cristina Kirchner y la de un sinnúmero de sus antiguos miembros del gabinete. Macri le ha pedido a Temer que agilice el intercambio de información con las autoridades argentinas.
El efecto económico en Chile también es probable que sea mínimo. Pero el escándalo está afectando a la ya asediada Michelle Bachelet, su presidenta, cuyo índice de popularidad se redujo a un 22 por ciento, después de que surgieran acusaciones de que su anterior campaña fue financiada por OAS, otra constructora brasileña que también aceptó un acuerdo de culpabilidad.
La corrupción también ha sido un tema central de las elecciones presidenciales en curso de Ecuador.
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Financial Times