Ella sostiene que es un "golpe de Estado ilegal" encabezado por su vicepresidente, Michel Temer, y jura que luchará hasta el final. Él insiste que el proceso del juicio político en contra de Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, se está realizando de acuerdo con las leyes de Brasil y, además, el juez más antiguo de la Suprema Corte está de acuerdo.
Ambos lados en el drama político creciente en Brasil han sido afectados por aliados que han sido acusados de corrupción, especialmente, pero no únicamente, en Petrobras, la compañía energética estatal. Ambos lados también se están dirigiendo al público a través de los medios masivos para influenciar la opinión pública de que su versión es correcta.
La semana pasada, Rousseff viajó a Nueva York, en gran parte para presentar su caso en los medios internacionales. Irónicamente, el viaje dejó al "conspirador" Temer a cargo de Brasil.
"Yo sé que será cauteloso", dijo Rousseff refiriéndose al vicepresidente el viernes en una conferencia de prensa en Nueva York en la cual se llamó a sí misma la inocente víctima de un golpe de Estado que comenzó en el momento en el que ella ganó la elección de 2014. "Están tratando de tomar un atajo al poder".
Mientras tanto Temer está comenzando a reunir un gobierno para reemplazar al de Rousseff, en caso de que el Senado vote para aprobar el juicio político, el cual podría suceder a mediados de mayo. "De ninguna manera hay un golpe de Estado", le dijo al Financial Times la semana pasada.
"Todo esto parece ser una de las telenovelas que son tan populares en Brasil", dijo Melvyn Levitsky, el ex embajador estadounidense en Brasil y un profesor de política internacional en la Universidad de Michigan. Sin embargo, "es perjudicial y vergonzoso para la imagen internacional de Brasil que casi la mitad del Congreso ya sea esté acusado o bajo investigación por alegatos de corrupción".
Los brasileños parecen estar de acuerdo. Una encuesta IBOPE reveló la semana pasada que 48 por ciento de los brasileños "no están satisfechos" con la democracia, el resultado antidemocracia más alto que se ha visto en 10 años.
Rousseff está acusada de manipular las cuentas públicas para mejorar los números, un cargo que ella niega e insiste que es un simple detalle técnico que no proporciona un fundamento jurídico para un juicio político.
"La oposición asevera que el proceso no es un golpe de Estado ya que está previsto en la Constitución, pero eso es una media verdad", le dijo a un pequeño grupo de periodistas internacionales el viernes. "Una persona inocente es una persona inconveniente … la historia los juzgará".
Cuando le preguntaron cómo podría constituir un golpe ya que el juez más antiguo de la Suprema Corte, José Celso de Mello, dijo la semana pasada que ese punto de vista era "totalmente incorrecto", Rousseff respondió: "No haré un comentario al respecto … Pero no estoy de acuerdo".
Rousseff subrayó que ella no enfrenta alegatos de corrupción y "sin embargo estoy rodeada de personas que si han sido acusadas".
El proceso del juicio político fue iniciado a principios de este año por Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, quien ha sido acusado de corrupción. Temer ha sido vinculado a un escándalo de soborno.
Aunque Rousseff no enfrenta cargos de corrupción, ella fue directora de Petrobras, el centro de un escándalo de soborno de 3 mil millones de dólares, antes de ser presidente. Los accionistas internacionales han presentado una demanda conjunta en una corte en Nueva York quejándose de que la corrupción en la compañía petrolera ha reducido el valor de sus acciones.
Los analistas dicen que la estrategia principal de Rousseff había sido construir una narrativa que permitiría la reconstrucción del gobernante Partido de los Trabajadores — que ha gobernado a Brasil durante 14 años — como la víctima de un golpe de Estado con el fin de elevar sus posibilidades en las elecciones municipales a fines de año y las elecciones presidenciales en 2018.
"Ella sabe que es una causa perdida", dice Matias Spektor, profesor adjunto de relaciones internacionales en FGV, una institución académica en São Paulo. "Por lo tanto ella está utilizando lo que ella tiene para motivar a la base de su partido … Ellos están pensando en el futuro del partido".
Cerca de 300 de los 513 miembros de la Cámara de Diputados de Brasil, de todo el espectro político, están bajo investigación, enfrentan un juicio o han sido condenados por cargos de corrupción. Rousseff dice que ella esperaba que los cargos de corrupción contra algunos de sus principales oponentes serían "suavizados, aligerados" si el juicio político resultaba en su destitución.
La semana pasada, Carlos Lima, el fiscal del caso Petrobras, dijo que, en todo caso, la investigación independiente continuaría. "Los fiscales federales y el grupo de trabajo lucharán ferozmente para que esta investigación llegue a su conclusión", le dijo a Reuters. "No guardaremos silencio frente a cualquier intento de retirar esta investigación de nuestras manos".
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Financial Times