CARACAS.- ¡Chavista!, es el calificativo con el que ha sido tildada por la oposición la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, desde su designación en el cargo el 13 de diciembre de 2007. Su lealtad al fallecido presidente Hugo Chávez había marcado cada una de sus actuaciones hasta hace unas semanas cuando surgió como una "defensora de la constitucionalidad" y se convirtió en la mayor adversaria al gobierno de Nicolás Maduro, y su propuesta de una Asamblea Constituyente para perpetuarse en el poder.
En menos de dos semanas, ha presentado una seguidilla de recursos legales contra la Constituyente, convocada por Maduro, y más de una treintena de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que le ha ganado el título de "traidora" a los que actualmente ocupan el Palacio de Miraflores.
Pero Ortega Díaz, la que hoy defiende los derechos humanos de los manifestantes, fue la que solicitó la extradición y enjuiciamiento del expresidente Carlos Andrés Pérez. Justificó todas las acusaciones que sirvieron para condenar a policías y civiles por el fallido golpe contra Chávez del 11 de abril de 2002, y quien omitió investigaciones por el uso de dólares preferenciales del sistema CADIVI.
Fue ella, también, quien argumentó todas las denuncias que sirvieron para condenar a 14 años de cárcel a Leopoldo López.
No se olvidan los días en los que rindió honores ante el cadáver de Chávez con una bandera tricolor en el antebrazo izquierdo. La fiscal fue ratificada en su cargo el 22 de diciembre de 2014, cuando la Asamblea era dominada por una mayoría chavista, para un período que debe culminar en 2021. Sin embargo, su lealtad ahora es cuestionada por el chavismo y ha sembrado dudas en los opositores más radicales, que señalan que se trata de una treta a favor del gobierno.
Ortega Díaz sorprendió a Venezuela y al mundo el pasado 31 de marzo con unas pocas, pero certeras palabras: "la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones del Parlamento mientras este mantuviera el desacato a las decisiones de la máxima corte fue considerada por la titular del Ministerio Público como una "ruptura del orden constitucional".
Sus denuncias de los últimos dos meses han hecho tambalear la hegemonía chavista en los poderes públicos mantenida hasta el triunfo opositor sobre el Parlamento en 2016. Acusó a la Guardia Nacional Bolivariana por la muerte de Juan Pablo Pernalete, quien recibió una lacrimógena en el pecho, versión que contradijo la del presidente Maduro, se opuso a la convocatoria a una Constituyente sin referendo: "El único soberano es el pueblo. No hay otro", insistió al introducir un amparo en el TSJ.
El chavismo, entre tanto, juega sus cartas contra la fiscal. El PSUV intenta conformar una junta médica que evalúe sus competencias mentales para continuar en el cargo y el TSJ investiga el uso con fines personales de un avión asignado a ella. Además, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, manifiesta que no se opuso a la designación irregular de los magistrados a los que cuestiona.
Luisa Ortega Díaz está casada con el exguerrillero Germán "el Chino" Ferrer, diputado del PSUV, fundado por Hugo Chávez.
El parlamentario fue parte de las células civiles del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, que lanzó a Chávez a la luz pública.
También fundó la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales dedicada a crear movimientos relacionados con el socialismo.
Es hermana del militar Humberto Ortega Díaz, que también participó en el golpe de 1992 y fue ministro de la Banca Pública.