La PGR desmintió ayer a Breitbart News Network.
Según el sitio de noticias de EU, un funcionario que participa en el caso les habría dicho que el lunes, un día después de que Tomás Yarrington fue detenido en Italia, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acordó con el Departamento de Justicia de EU 'cederles' la extradición del exgobernador de Tamaulipas.
La PGR ratificó ayer su intención de pelear con EU la extradición para juzgarlo por narcotráfico y lavado de dinero, por lo que podrían darle 20 años de prisión. Italia decidirá a dónde lo enviarán.
ACUSACIÓN DE PGR NO TENDRÍA SUSTENTO
Las acusaciones que la PGR tiene contra el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba, detenido el domingo en Italia, se sustentarían en dichos de cinco testigos colaboradores desacreditados.
Y es que los casos en los que se utilizaron sus declaraciones contra coacusados de Yarrington o funcionarios de alto nivel, no prosperaron, pues la PGR no pudo acreditar el dicho de estos "testigos a sueldo", a quienes el gobierno mexicano mantenía y además les pagaba salarios de 50 mil pesos al mes.
Los testigos son José Salvador Puga Quintanilla (Pitufo, exzeta); Alejandro Lucio Morales Betancourt (Yeraldin, exmilitar); Francisco Alberto Vázquez Guzmán (Rufino, exzeta); César Eduardo García Martínez (Óscar, ex policía estatal), y Antonio Peña Argüelles (Ángeles, empresario).
Ellos han testificado en decenas de casos, incluidos coacusados de Yarrington, así como funcionarios de alto rango de los tres niveles de gobierno, militares, policías, e incluso, líderes del narcotráfico.
Pero los jueces han determinado que los testigos no son fiables para sustentar las acusaciones. De hecho, algunos han sido investigados, pues como colaboradores de la PGR cometieron nuevos delitos.
Tal es el caso de Yeraldin, un exmilitar que fue piloto personal de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien tramitó una credencial de IFE con documentos falsos, por lo que se ordenó su aprehensión en 2010.
En el caso de Yarrington, en diciembre de 2012, el juez Alejandro Palomares consideró que los dichos de Pitufo, Yeraldin, Rufino, Óscar y Ángeles eran "insuficientes" para fundamentar una acusación contra Fernando Cano Martínez, un empresario señalado como el principal testaferro del exgobernador.
Las acusaciones radican en los expedientes PGR/SIEDO/UEIDCS/147/2007 y PGR/SIEDO/UEIDCS/76/2007. Ahí, los testigos dijeron que el priista formó una "empresa criminal", que incluía una red política y una estructura de testaferros para lavar dinero.
Señalaron que el exmandatario pactó con los cárteles del Golfo y Zetas para permitir sus actividades criminales, a cambio de millonarias cantidades de dinero.
Agregaron que Yarrington puso a funcionarios de todos los niveles, incluidos los alcaldes de ciudades importantes, como Reynosa y Nuevo Laredo, como protección.
Así, garantizaban la viabilidad de su empresa criminal, cuyos ingresos ilegales lavaba a través de unos empresarios, quienes acaparaban los contratos del gobierno para justificar su actividad financiera.
Entre ellos está Antonio Peña Argüelles, quien, al romper con Yarrington, decidió colaborar con autoridades de México y Estados Unidos como testigo, por lo que se puso el nombre clave de Ángeles.
Su declaración es fundamental en la acusación de la PGR, pues detalló la lista de prestanombres de Yarrington, entre ellos están los empresarios Napoleón Rodríguez y Eduardo Rodríguez, quienes fueron detenidos y liberados en 2012.