La videovigilancia en Sinaloa, particularmente en Culiacán, fue desmantelada y estuvo en ruinas hasta el 31 de diciembre pasado, por falta de mantenimiento al equipo suministrado por empresas como Seguritech, empresa que ayer publicó un desplegado en diarios nacionales en el que intentó deslindarse por completo.
Cristóbal Castañeda Camarillo, teniente coronel de Infantería del Ejército y subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, dijo a El Financiero que esta empresa fue una de las proveedoras de las videocámaras que al final de la administración de Mario López Valdez estaban inservibles.
"No servían porque no se le proporcionó el servicio a ese equipo y, obviamente, cuando no le das un mantenimiento a un equipo electrónico, se va complicando su funcionamiento día con día, más que son cámaras que están a la intemperie y hay cierto mantenimiento preventivo que se les debe hacer", dijo el funcionario.
–¿La empresa Seguritech tendría responsabilidad en el mantenimiento?
–Eso es lo que se está verificando, pero nosotros lo que estamos buscando es que, si el gobierno está pagando algo, se le esté exigiendo a las empresas que den el servicio en tiempo y forma.
–¿A quién correspondía dar ese servicio?
–Las cámaras del C4 (que depende del gobierno de Sinaloa) un 60 por ciento estaban arrendadas y ahora estamos aún en pláticas con la empresa (Seguritech).
–¿Y para qué están en pláticas?
–Para verificar cómo va a ser la situación jurídica que van a guardar los bienes (las cámaras).
–¿Para ver propiedad? ¿Para ver de quién son las cámaras?
–Sí, porque ahí hay todavía un tema de instalación de infraestructura que no se ha podido, porque argumentan que hay adeudo con ellos, pero lo está viendo Finanzas.
Seguritech dijo en su desplegado publicado en dos periódicos de circulación nacional, que "a partir del 1 de enero de 2017 reiteramos no tener ninguna responsabilidad sobre los sistemas y servicios de videovigilancia en Sinaloa".
Castañeda Camarillo recordó que, a la llegada de la administración de Quirino Ordaz Coppel, en todo el estado de Sinaloa, había 605 cámaras de videovigilancia, de las cuales sólo funcionaban 183, es decir el 30 por ciento.
"En Los Mochis teníamos el 19 por ciento de cámaras operativas; Mazatlán, el 91 por ciento; en Culiacán, el 22 por ciento, además de que, de más de 236 cámaras que controlaba la policía municipal en Culiacán, sólo estaban operativas 3 por ciento", dijo.
Señaló que con la llegada de la nueva administración, y al ver la situación precaria de estas herramientas tecnológicas contra el delito, el Ejército mexicano y la PGR proporcionaron apoyo técnico para reparar los equipos.
