Luego de un "peloteo" de cuatro años entre cámara y cámara, el pleno del Senado de la República aprobó por mayoría la legislación secundaria de la Ley de Disciplina para Estados y Municipios, aunque de nuevo la regresó a San Lázaro con cambios.
El ordenamiento, que inició su proceso legislativo desde septiembre de 2012, establece sanciones administrativas y penales para castigar a servidores públicos que endeuden indebidamente a las entidades o a los ayuntamientos del país.
Tras casi cuatro horas de discusión, los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PVEM avalaron el ordenamiento con 85 votos a favor; nueve sufragios en contra de la bancada del PT, de los senadores perredistas Mario Delgado Carrillo y Rabindranath Salazar, así como de los panistas Víctor Hermosillo y Francisco Búrquez, y una abstención de Sylvia Leticia Martínez Elizondo, también del PAN.
La minuta con modificaciones impondrá castigos a quienes incurran en actos de corrupción o utilicen de manera incorrecta los recursos públicos, al canalizarlos a un destino que no sea la inversión pública.
Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Francisco Yunes Zorrilla, del PRI, afirmó que la legislación contempla esquemas para el manejo responsable de las finanzas públicas en las entidades, con reglas estrictas y claras para la contratación de deuda.
Con esta ley, apuntó, los estados y municipios también tendrán que realizar una gestión con mayor eficiencia y absoluta honradez en el ejercicio del gasto público, ya que deberán cumplir con los estrictos procesos de transparencia, rendición de cuentas y la evaluación de los resultados, que exige el manejo de recursos públicos.
La reforma también establece que los estados y municipios deberán inscribir y publicar los créditos de manera oportuna y transparente en un registro público único, para formar un sistema de alertas que califique el nivel de endeudamiento, el cual contempla tres mediciones: endeudamiento sostenible (semáforo verde), endeudamiento en observación (semáforo amarillo) y endeudamiento elevado (semáforo rojo).
La reforma establece que el Congreso sólo podrá intervenir en este proceso cuando se tenga que definir si los estados pueden adquirir mayor deuda, cuando las entidades y los municipios sobrepasen su techo de endeudamiento y generen condiciones de desorden en el manejo de sus finanzas.