Líderes del PRI y el PRD en la Cámara de Diputados mantienen su choque de visiones sobre la aprobación de la nueva Ley de Aguas Nacionales, que se votará el martes en el pleno de los 500 diputados.
Mientras que el jefe de la bancada perredista, Miguel Alonso Raya, sostiene que la ley privatiza la distribución y suministro del vital líquido a los domicilios, el priista Manlio Fabio Beltrones lo niega.
Alonso Raya argumentó que "es un robo desvergonzado en agravio de la Nación y de los mexicanos, pues sin más deja en manos de particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país y nulifica, en los hechos, el derecho humano al agua".
El perredista precisó que su grupo participó en el proceso de revisión y discusión del texto que inicialmente presentó la Comisión Nacional del Agua e impulsó propuestas de modificación, sin embargo, añadió "lo que vino a echar por tierra todo fue el hecho de que, cuando la Secretaría de Hacienda manda sus agregados y son aceptados por las fracciones que ahora avalan el dictamen, ya no se permite discutir o añadir algo más".
"Eso rompe el proceso de negociación y por eso la postura de las fracciones de izquierda de salirse de la sesión de las comisiones unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el dictamen que mañana se discutirá en el pleno, el cual, por las razones antes expuestas, tampoco fue publicado", precisó
"La Ley General de Aguas que pretende imponer el Ejecutivo es una transgresión a la misma Constitución, pues nulifica el Derecho Humano al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, para quienes además se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión incluso en zonas de baja disponibilidad del recurso", denunció.
En su opinión "una de esas formas de acaparamiento son los trasvases o explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra por agentes privados, lo que les permitiría acaparar y sobreexplotar el agua del país durante 30 años con derecho a prórroga".
"Los trasvases deben ser la excepción y no la regla, y ser realizadas únicamente por las autoridades del agua a efecto de garantizar el abasto a la población de zonas donde haya escasez", resaltó.
Indicó además que otra forma sería la prórroga de concesiones a los particulares hasta por 60 años con opción a tenerlas nuevamente cuantas veces quieran, con lo cual prácticamente se les regalan los recursos hídricos para acapararlos, comercializarlos y especular con su precio indefinidamente.
Mediante estas concesiones, la ley otorgaría a empresas privadas el derecho a la explotación del agua por el largo tiempo determinado en la misma con la posibilidad de que esta sea refrendada.
"El proyecto del Ejecutivo vela únicamente por intereses de particulares y deja de lado los costos económicos, sociales y ambientales. Quienes pretendan, por ejemplo, explotar el gas Shell con la cuestionada práctica del fracking, podrán usar agua incluso de otras cuencas sin importar los perjuicios que en todos los órdenes ocasionarían tanto a la cuenca de la cual extraen el líquido como en aquélla donde apliquen esta técnica", según advirtió.
Por su parte, el priista Manlio Fabio Beltrones respondió que "la iniciativa de la Ley General del Agua asegura el uso eficiente de los recursos hídricos con criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia; une los esfuerzos de gobierno y sociedad pero de ninguna manera significa privatizar el agua".
Esta ley propone que "el capital privado se sume a las inversiones públicas, actualizar el régimen de concesiones, permisos, tarifas y sanciones, así como consolidar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales, mediante instrumentos de planeación como la Estrategia Nacional de Agua, el Sistema Nacional de Información del Agua, la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua y los Consejos de Cuenca".
Sostuvo que "el ingrediente de la participación ciudadana es imprescindible en una legislación moderna y en la gestión sustentable del agua, de ahí que se incorpore una Contraloría Social en los Consejos de Cuenca para que los ciudadanos no sólo participen con su voz, sino en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica, y propongan recomendaciones sobre la administración del agua, la infraestructura hidráulica y los servicios relacionados".
El objetivo es "asegurar la dotación de agua para sus distintos usos, incluyendo el agrícola, industrial y en servicios, y garantizar que cada mexicano reciba la dotación mínima de 50 litros diarios a la que todo ser humano tiene derecho. El que cada mexicano cuente con agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y a su alcance económico es un asunto de justicia elemental y una responsabilidad del Estado".
Esta ley permitirá "erradicar la sobrexplotación de los acuíferos y transitar a un modelo de aprovechamiento sustentable compatible con las necesidades de desarrollo y crecimiento económico, con una visión de largo plazo".