CIUDAD DE MÉXICO. Del total de las sanciones impuestas en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el 56.41 por ciento se aplicaron porque los servidores públicos no presentaron su declaración patrimonial.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, en 2013 y 2014 los órganos internos de control de la administración pública federal aplicaron un total de 22 mil 575 sanciones.
De ellas, además, el 5.92 por ciento fueron impuestas porque los funcionarios presentaron su declaración patrimonial de manera extemporánea. De acuerdo con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, ésa es una de las razones por la cual falta en México un sistema nacional anticorrupción.
"La Secretaría de la Función Pública es un órgano interno de control, necesario para la disciplina interna de la administración pública. Por ejemplo para verificar que todo servidor público presente su declaración patrimonial.
"Pero un auténtico sistema anticorrupción tendría que informar qué porcentaje de las sanciones graves –inhabilitaciones, por ejemplo– iniciaron como consecuencia de no haber presentado la declaración patrimonial a tiempo o bien, que habiéndolo hecho, no pudieron acreditar apropiadamente cambios en la situación patrimonial", argumenta.
En entrevista con El Financiero, pone énfasis en que las sanciones por faltas administrativas graves deberían de ser el eje de los indicadores de desempeño de la SFP y eventualmente parte del sistema anticorrupción.
En 2014, la dependencia a cargo del control interno de la administración pública federal sancionó a ocho mil 736 servidores públicos; de ellos cuatro mil 627 fueron por no presentar su declaración patrimonial, 736 por presentarla de forma extemporánea y tres mil 373 por otras razones.
En tanto, en el primer año de la actual administración, la secretaría sancionó a 13 mil 839 funcionarios, de los cuales ocho mil 108 fue por no haber presentado su declaración de bienes, 602 por haberla presentado fuera de tiempo y cinco mil 129 por otros motivos.
DECLARACIÓN DE INTERESES
Hace un mes, el Presidente de la República instruyó al nuevo titular de la SFP, Virgilio Andrade, para que en mayo, cuando por ley todos los funcionarios deben presentar su declaración patrimonial, hacer obligatoria la presentación también de una declaración de posibles conflictos de interés.
En ese sentido, se le cuestiona a Bohórquez, qué hacer para que en el caso de la declaración de intereses no se repita la misma situación de la declaración patrimonial y los funcionarios no la presenten.
"Muy buena pregunta. Dos temas: primero, es indispensable conocer el formato para asentar los intereses; segundo, para que una declaración de intereses sea útil la declaración debe ser publica desde el principio del encargo.
"Entonces resulta importante que haya una sanción a quienes no presenten la declaración, pero todavía más importante, que sea publica y en los formatos correctos para su análisis público idealmente en datos abiertos", considera.
Con el objetivo de mejorar el blindaje electoral, Transparencia Mexicana ha propuesto que todo aspirante a un puesto de elección popular haga pública su declaración patrimonial, una declaración de intereses y las declaraciones de impuestos de los últimos cinco años.
Con esa información de cada aspirante a candidato, el elector tendría así herramientas para evaluar la conveniencia o no de que un aspirante llegue a un puesto de elección popular, y también podrá establecer un referente para ejercicios futuros de rendición de cuentas.