CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la amenaza de una toma de tribuna, los líderes del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados cedieron a las presiones y demandas de la izquierda y aceptaron diferir, para una fecha indeterminada, la votación y aprobación de la nueva Ley General de Aguas.
El jefe de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, explicó que se abrió este espacio para atender las observaciones y críticas de los legisladores de izquierda "de lento aprendizaje", de quienes "están desinformados", de los que "están en campaña y quieren tomar este tema como bandera para confundir" y como "discurso demagógico".
Pospuesta desde febrero del 2012, la nueva Ley regularía las reformas al artículo 4 constitucional, que garantiza el acceso de todo mexicano al agua potable de calidad, y del 27, que diseña las nuevas formas de administrar este servicio.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, explicó que "estamos de acuerdo en que se abra un espacio tan amplio como sea necesario hasta que se disipen esta falsedad y dudas de una supuesta privatización del servicio del agua potable, de la que no existe la mínima intención".
Mientras que Beltrones insistió en que "no hay un solo elemento en el dictamen de la nueva Ley que haga pensar que se trata de una iniciativa privatizadora del servicio del agua potable", la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Aleida Alavez Ruiz, sostuvo que el dictamen que se elaboró sin la participación de los legisladores de la izquierda "privatiza y transgrede el derecho humano a este vital líquido".
Alavez Ruiz consideró que el dictamen "es ignominioso e impuesto" desde Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos.
El reclamo inició cuando el dictamen se entregó a los integrantes de estas Comisiones Unidas la medianoche del pasado martes y se aprobó el miércoles en rápido trámite, con el fin de que el jueves de la semana pasada o este martes pasara al Pleno de los 500 legisladores, lo que finalmente no ocurrirá.