CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI recibió una solicitud para suspender temporalmente los derechos como militantes de los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Quintana Roo, Roberto Borge, y Chihuahua, César Duarte, y expulsarlos de comprobarse que incurrieron en actos de corrupción.
El escrito está firmado por el consejero político del tricolor, Armando Barajas, el mismo que solicitó la expulsión de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Sus impugnaciones provocaron que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación obligara a la comisión antes citada a pronunciarse sobre ese caso.
La solicitud de suspensión de derechos y eventual expulsión fue presentada a una semana de que el presidente del PRI, Enrique Ochoa, anunciara que el partido señalará y apoyará la destitución de los servidores públicos afiliados al tricolor que incurran en actos de corrupción.
"El PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización, incluso su destitución", indicó Ochoa Reza durante su toma de protesta, el pasado 12 de julio.
A pregunta expresa, Barajas aseguró que su solicitud no obedece a una petición de los grandes liderazgos del partido, sino miles de priistas inconformes con las actitudes de algunos gobernantes: "Vamos a pasar del dicho a los hechos, ya es tiempo de que el partido demuestre ante la sociedad civil y sus militantes que no protegerá a ningún funcionario corrupto. Ese es el discurso del presidente del PRI y del Presidente de la República. Hay quienes por sus actos de corrupción y prepotencia deben estar fuera del partido".
Detalles de la solicitud
En el caso del mandatario de Veracruz, Barajas Ruiz recuerda que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 26 denuncias pe-nales por simulación de reintegros. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 32 por la firma de contratos con empresas fantasma, y que la Universidad Veracruzana denunció reiteradamente la no entrega de recursos por parte del gobierno encabezado por Javier Duarte de Ochoa.
En el caso del mandatario de Chihuahua, agrega, existen 17 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, también, por malos manejos en el uso de recursos públicos.
En el caso del mandatario de Quintana Roo, puntualiza, el Congreso de la Unión solicitó a la ASF investigar la entrega de más de 16 mil 700 millones de pesos al estado, a través de tres fondos federales por tener dudas sobre su aplicación.
Las conductas de los tres gobernadores de extracción priista, indica Armando Barajas, encuadran en el artículo 227 del Código Nacional de Justicia Partidaria, que sanciona la comisión de "faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones públicas que se tengan encomendadas".
Como el artículo 146 del código citado precisa que en tanto se investiga la comisión de delitos, los derechos como militantes de los imputados deben ser suspendidos, el priista solicita a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI que haga lo propio.
Barajas Ruiz lidera la organización adherente al Revolucionario Institucional, Corriente Solidaridad, cuyo registro fue refrendado durante la dirigencia de César Camacho.