NUEVO LEÓN.- Rodolfo Gómez Acosta, tesorero de Nuevo León en el gobierno de Rodrigo Medina, fue vinculado a proceso por tres delitos: ejercicio indebido de funciones públicas, peculado y delitos patrimoniales, por los cuales puede alcanzar hasta 12 años de prisión, por cada uno.
Tras nueve horas de audiencia, el juez Pedro Cisneros determinó una medida cautelar para evitar que Gómez Acosta viaje fuera del país, por cual, en un plazo de cinco días, entregará su pasaporte, así como mantener un embargo cautelar a su propiedad en San Pedro.
Se estableció que este caso se resuelva en seis meses, fijando como fecha límite el 26 de enero de 2017.
La fiscalía estatal argumentó que Gómez Acosta, como secretario de Finanzas, participó en el quebranto del estado por una cifra de 3 mil 683 millones de pesos, al ofrecer incentivos y apoyos para el establecimiento de la armadora de autos Kia Motors, sin que ésta los solicitara.
En la audiencia, la fiscalía mostró pruebas que mostraron que durante mayo de 2014, previo a la celebración del contrato, se autorizaron montos millonarios para adquirir el terreno en el municipio de Pesquería, así como otras cantidades para arreglar el inmueble.
Indicaron que en ese mismo mes, Gómez Acosta, en su cargo como secretario de Finanzas y como integrante del Fideicomiso de Fidecitrus (para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León), fue el responsable de autorizar los montos.
La fiscalía señaló que tan sólo para el análisis de costo-beneficio, se requirieron 6 millones 148 mil pesos. Además, comprobaron que en septiembre y octubre, de 2014, investigadores del Tecnológico de Monterrey realizaron un estudio de impacto para la instalación de la planta en Pesquería, meses después a las autorizaciones a sus reuniones en mayo.
Gómez Acosta acudió acompañado por sus abogados a la sala 1 de audiencia oral. Cabe destacar que pasadas las 10 de la mañana se presentó Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción de la actual administración de Jaime Rodríguez, El Bronco, y quien impulsa la investigación. Recientemente señaló a 30 personas, entre ellos exfuncionarios involucrados con la instalación de la armadora Kia.
Al término de la sesión, Gómez Acosta dijo que seguirá "acudiendo a las distintas etapas que el procedimiento marca y, en este sentido, usaremos todas nuestras argumentaciones y armas legales. Nosotros estamos confiados en el criterio y juicio imparcial del poder judicial".