La persona que el precandidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, elegiría como secretario de Hacienda de México, dijo que no intentará derogar la reforma energética que abrió el país a la perforación privada, ni tampoco cancelaría los contratos celebrados con productores de petróleo.
"Serán completamente respetados", dijo Carlos Urzúa en una entrevista en Ciudad de México esta semana.
Los comentarios indican diferencias en un posible gabinete de López Obrador mucho antes de que las elecciones se celebren en julio. López Obrador dijo a Bloomberg hace nueve meses que quería una consulta pública sobre la derogación de la ley de energía, mientras que la persona que favorecería como secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha sido una abierta crítica de la reforma, diciendo este mes que fue diseñada para debilitar al productor de petróleo de propiedad estatal Pemex y lo calificó de un "grave error".
Los mensajes mixtos son un signo de la línea fina que López Obrador debe seguir para retener su apoyo de base de la izquierda, sin alienar a los inversionistas que necesita para mantener el crecimiento económico.
Al consultarle por qué López Obrador no ha sido más claro sobre su intención de honrar la reforma de energía, Urzúa dijo que la propiedad del petróleo en México solía ser tan sagrada como lo son las armas para los estadounidenses. En otras palabras, cuando un político habla sobre el sector petrolero en México, sin importar quién sea, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, agregó.
A la cabeza
López Obrador está suavizando los elementos más radicales de su manifiesto a medida que hace un tercer intento por ganar la presidencia. La política parece estar funcionando.
Mientras que en algunas encuestas está empatado en el primer lugar, en uno del diario El Universal, realizado recientemente por Buendía y Laredo, obtuvo una aprobación del 31 por ciento, 8 puntos más que el contendiente en segundo lugar, Ricardo Anaya, del Partido de Acción Nacional.
Urzúa, quien tiene un doctorado en economía de la Universidad de Wisconsin en Madison, manejó las finanzas de la Ciudad de México de 2000 a 2003, cuando López Obrador era jefe de Gobierno. Ha trabajado en la docencia desde entonces, y en décadas anteriores, incluso en las universidades de Princeton y Georgetown. Actualmente ejerce en el Tecnológico de Monterrey.
Su economía es convencional. Urzúa insiste en que no cambiaría la flotación del peso o el mandato inflacionario de Banxico, aunque sí dice que un mandato doble que incluya crecimiento o empleo muy probablemente tenga sentido. También es positivo sobre las negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, diciendo que los negociadores mexicanos están haciendo un buen trabajo.
Las compañías estadounidenses no deberían preocuparse por López Obrador, dice Urzúa, quien buscaría expandir la inversión estadounidense en México y viceversa. Agregó que lo que deberían saber es que se combatirá la corrupción pase lo que pase y que si bien las compañías estadounidenses en general no han tenido problemas con eso, ha habido algunos casos graves con compañías españolas.
Unidad anticorrupción
El respaldo de Urzúa a la actual política petrolera no es incondicional. Una administración de López Obrador podría revaluar y posiblemente revisar el ritmo en que se están realizando las subastas de petróleo, dijo Urzúa. Además, López Obrador quiere gastar más en la construcción de refinerías para disminuir las importaciones de gasolina, dijo.
Mientras que Urzúa dice que no se revocará ningún contrato petróleo, ya que todos fueron adjudicados en subastas transparentes, los de otros sectores podrían sufrir una revisión por posible corrupción. Eso podría incluir contratos adjudicados para un nuevo aeropuerto de 13 mil millones de dólares en Ciudad de México, que López Obrador ha dicho que quiere reemplazar con un proyecto menos costoso para construir dos nuevas pistas en una base militar a 30 millas de distancia.
Urzúa señaló que todos los contratos firmados para el nuevo aeropuerto obviamente tendrán que ser revisados. Agregó que es muy probable que proyectos de gran magnitud, donde no hubo un proceso de licitación transparente, como en energía donde se realizaron subastas, es muy probable que tengan problemas de corrupción.