CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos uno de cada diez dueños con vehículos con más de una década de antigüedad recurre al "brinco" o pago de una "mordida" para pasar la verificación.
Gustavo Rivera, presidente de la asociación civil Opciona, aseguró a El Financiero que las violaciones a la norma emergente, emitida por la Semarnat, "responden directamente al factor humano de las personas que operan las actividades dentro del verificentro, sin controles efectivos".
Explicó que además se ha detectado la presencia de personal no autorizado en sus instalaciones, evidencia de pagos ilegales a agentes externos, falta de control en documentos de cada auto que es verificado, folios faltantes, destrucción de material administrativo y cámaras fuera de funcionamiento o apagadas deliberadamente.
Indicó que de acuerdo con una investigación del Centro Mario Molina, realizada en 2014, se demostró que en las pruebas de verificación, los famosos "brincos" ocurren al menos en 9.6 por ciento de las veces entre dueños de coches con más de 10 años de antigüedad.
Aseguró que "el costo de oportunidad de dejar circular a vehículos que no cumplen con las normas ambientales vigentes, representa cerca de tres mil 700 toneladas de emisiones de gases contaminantes al año, equivalentes a 63 kilómetros cuadrados; es decir, que si trazáramos esta área en la Ciudad de México, cubriría por completo las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc juntas, y todavía sobrarían ocho kilómetros cuadrados para repartir".
Además, afirmó que la eficacia del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria de la Megalópolis, para mantener dentro de norma las emisiones contaminantes de los vehículos en circulación, se calcula apenas en un 60 por ciento, mientras que 31 por ciento de las unidades no mantiene sus valores aprobatorios de verificación al circular y el 9 por ciento restante está dentro del rango de incertidumbre de los instrumentos de medición empleados.
El análisis considera que el 29 por ciento de los vehículos particulares que usan gasolina pueden ser considerados ostensiblemente contaminantes. La mayoría tiene más de 20 años de antigüedad y carecen de convertidores catalíticos.
Rivera afirmó que para el caso de los verificentros, se encontró que 42 por ciento presentan incumplimientos, de diversa naturaleza y magnitud, a las normas federales en la materia y los acuerdos y programas correspondientes.
Para acabar con el problema de la corrupción en verificentros por factores humanos, Opciona propone mejorar las condiciones del transporte público, por lo que considera pertinente la decisión de las autoridades capitalinas de ya no renovarán las concesiones a los microbuses y buscarán transportes más ecológicos en el futuro.