A pesar de que senadores presumieron un periodo de sesiones "de gran productividad", los saldos de la fase legislativa febrero-abril en la Cámara alta arrojaron un gran rezago en la agenda de pendientes.
En el cierre de cortina de trabajos parlamentarios, en el Senado de la República no sólo quedaron pendientes las leyes secundarias en materia anticorrupción, el mando mixto policial y la legislación sobre regulación de la mariguana para uso medicinal, sino que además permanecen en la congeladora al menos diez reformas importantes.
La falta de consensos entre los grupos parlamentarios aún mantienen en la congeladora la segunda parte la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, en seguridad y justicia, que presentó desde el 27 de noviembre de 2014, referente a la desaparición de poderes en los municipios que estén infiltrados por el crimen organizado.
También se encuentra en "punto muerto" la reforma integral al sistema penitenciario, sobre todo tras la fuga del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, del penal de máxima seguridad del Altiplano, el 11 de julio de 2015.
En ese esquema también se encuentra la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, la cual regularía la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y combate al crimen organizado, principalmente tras los cuestionamientos hacia elementos del Ejército en los casos de Tlatlaya, Estado de México, así como en Apatzingán y Aquila, Michoacán.
Los senadores también tienen pendiente, desde 2014, el nombramiento de un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque ya se habla de que este sitio vacante en el máximo órgano de justicia electoral del país se solventará hasta noviembre, una vez que en ese mes se renueva a los siete magistrados que integran la Sala Superior.
Otros temas rezagados en la Cámara alta son la reforma constitucional para eliminar el fuero a servidores públicos, incluido el presidente de la República, así como los pendientes de la pasada reforma electoral, como la Ley de Propaganda Gubernamental.
La lista de pendientes legislativos también la integran la minuta que reforma la Ley de Ahorro y Crédito Popular, mejor conocida como Ley Ficrea; la minuta de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que regula la operación de casinos y centros de juego con apuestas, y la minuta para darle autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Cabe destacar que en el caso de las leyes secundarias en materia anticorrupción no sólo se contabiliza una legislación, sino que este paquete de reformas comprende siete proyectos de ley.
En ese sentido, los ordenamientos en la materia que también quedaron pendientes son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (que es donde se ubica la iniciativa ciudadana #3de3), la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, y la Ley del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
El paquete anticorrupción lo completa la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que crearía la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, así como el Código Penal Federal.
NO PUEDEN FIJAR FECHA PARA EL PERIODO EXTRAORDINARIO
Los coordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado no terminan de reponerse del encontronazo al final del periodo ordinario y ya se encuentran en otro choque legislativo, ahora por las fechas para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar la agenda de pendientes.
Aunque el priista Emilio Gamboa, el panista Fernando Herrera y el perredista Miguel Barbosa se comprometieron a aprobar en un periodo extra las leyes secundarias en materia anticorrupción, la reforma de mando mixto policial y las iniciativas para regular el uso de la mariguana medicinal, ahora el punto de conflicto es fijar una fecha para aprobar esos ordenamientos.
Gamboa Patrón puntualizó que la fecha ideal es la primera semana de julio, una vez que pasan los comicios del 5 de junio, mientras que Herrera Ávila y Barbosa Huerta insisten en que debe ser antes del 28 de mayo, fecha en que vence el plazo constitucional para aprobar el paquete anticorrupción.
Gamboa aseguró que en los primeros acercamientos que ha tenido con el PAN y PRD existe la coincidencia de que el periodo extra sea después de las elecciones.