En marzo de 2015, el Senado de la República aprobó una reforma que sanciona hasta con 35 años de cárcel el robo de hidrocarburos en México. A dos años de estos cambios legislativos, el crimen organizado, en contubernio con funcionarios y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), no ha frenado su actividad y por el contrario se han incrementado las tomas clandestinas en el país.
En un estudio del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores se expone que, en 2006, Petróleos Mexicanos detectó 204 tomas clandestinas. Para 2015, la cifra superaba las 5 mil tomas ilegales.
En 2011 estas bandas obtuvieron ganancias por 238 millones de dólares, para 2014 ascendió a casi mil 120 millones de dólares.
De acuerdo con ese informe de la Cámara alta, basado en informes de Pemex, la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Asociación la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), "las pérdidas anuales por robo de combustibles a través de tomas clandestinas son de más de 45 mil millones de pesos anuales".
"El robo de combustible en México es un negocio para el crimen organizado y un lastre para Petróleos Mexicanos, que cada hora pierde casi dos millones de pesos por este delito", añade el informe.
Cabe destacar que en 2016 Pemex registró 6 mil 159 tomas clandestinas. Esa cifra ya es 791% superior a los registros de 2010. Se estima que eese año en los ductos de Pemex hubo fuga y "ordeña" por 1,692 millones de litros de combustible. El año pasado esa cifra ascendió a 2,282 millones de litros.
Apenas el 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de hidrocarburos, a fin de endurecer las penas y sanciones, aunque el ordenamiento ya no pudo ser discutido y votado en el Senado.
Actualmente se castiga con 15 a 25 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos o instalaciones no sólo de Pemex sino de los permisionarios, contratistas y distribuidores; las modificaciones imponen penas de 20 a 35 años de cárcel y multas hasta por un millón 826 mil pesos.
El pasado 3 de mayo en Puebla tuvo lugar un enfrentamiento entre militares y huachicoleros que hasta el momento ha dejado como saldo 11 muertos.
El lunes, las autoridades estatales informaron que pereció un menor más, de los cinco que estaban detenidos tras la refriega en Palmarito Tochapan, dentro del municipio de Quecholac.