CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó que "los lamentables hechos de Tierra Blanca, Veracruz, significa que no hemos aprendido la lección de Ayotzinapa en los tres niveles de gobierno".
Advirtió que "para que estos horrores no se repitan, tenemos que hacer cada quien lo que nos toca para que se detengan a los responsables y se les condene, ya que la impunidad es una violación sistemática a los derechos humanos".
Al presentar su Informe 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, González Pérez expuso ante diputados y senadores:
"Los costos de las lecciones no aprendidas son muy altos. No podemos eludir o voltear la cara a la realidad que tenemos, es nuestra responsabilidad empezar a transformarla.
"En septiembre de 2014, el caso Iguala nos indignó y movilizó ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado. Hoy, a poco más de un año, un caso como Tierra Blanca, en el que pareciera repetirse ese vínculo funesto, nos hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender del pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones.
"Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente. Los problemas que enfrentamos no podemos asumirlos como parte de una 'normalidad' sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción", planteó.
Es necesario –remarcó– que "tomemos en serio los derechos humanos, que comprendamos que los mismos son el elemento básico para sustentar los cambios que como país demandamos, para lograr un México más justo e incluyente, con un verdadero estado de Derecho y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la impunidad no tengan cabida".
En su informe, González Pérez indicó que durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 423 personas. De este conjunto, en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada.
Detalló que Guerrero fue el estado del cual se recibió el mayor número de reportes, seguido de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz.
MALOS SERVIDORES
Enlistó también que las instituciones con más denuncias en su contra son el IMSS, con 2,185 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de Gobernación, 1,308; la Policía Federal, 783; la PGR, 761; el ISSSTE, 705; el INM, 688; la Sedena, 620; la SEP, 548, y la Semar, 373.