En el actual año se está repitiendo la política económica de los gobiernos priistas de las pasadas décadas, cuando incurrían en elevados desequilibrios, para lograr tener una importante reactivación económica transitoria, que les permitía ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, se le dejaba al siguiente gobierno enfrentar la consecuente crisis económica y el arduo proceso de lograr la estabilización de la economía. En pocas palabras, el gobierno en turno disfrutaba la fiesta y el siguiente tenía que pagar las cuentas.
Así, durante los años anteriores se tenía un crecimiento cercano al 7 por ciento, pero se redujo a casi la mitad en 1976, el último del gobierno de Luis Echeverria y fue de 3.4 por ciento al año siguiente pasando las elecciones. Además, se terminó la estabilidad del peso mexicano, el cual duró más de dos décadas estando fijo en 12.50 pesos viejos por un dólar.
El sexenio siguiente con López Portillo se empezó con gran confianza, que permitió un crecimiento del 9.7 por ciento en 1979; pero terminó en 1982 con una inflación del 99 por ciento, una devaluación de la moneda superior al 800 por ciento, con control de cambios que impedía que las personas pudieran adquirir libremente divisas extranjeras y con la expropiación de los bancos mexicanos por parte del gobierno. Esto generó una gran desconfianza entre los mexicanos, se tuvo una fuerte emigración al extranjero, tanto por parte de empresarios como en general de diversos sectores de la población y el PIB tuvo una caída de 3.5 por ciento al año siguiente. El gobierno entrante, con Miguel de la Madrid, pasó gran parte del sexenio estabilizando la economía y tratando de recuperar el equilibrio fiscal y es solamente durante el gobierno siguiente, del presidente Salinas y las negociaciones para lograr un Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos que se recupera la confianza, lo que permite una recuperación económica. Sin embargo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato favorito para la presidencia de la República y la acumulación de diversos desequilibrios macroeconómicos, destacando mantener un tipo de cambio artificialmente fuerte, hicieron crisis al inicio del nuevo gobierno en 1995, con una fuerte devaluación del peso.
Zedillo dedicó los primeros años de su sexenio a restablecer los balances en la economía, a evitar el colapso del sistema financiero, lo que le permitió terminar con estabilidad fiscal y el mayor crecimiento económico de las últimas décadas. Lo anterior junto con la nueva autonomía del Banco Central, que le impide el financiamiento de los déficits públicos, permitió terminar el sexenio sin sufrir una crisis económica, como había sido al final de los gobiernos anteriores.
A partir de ese momento, en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, se tuvieron transiciones sin sufrir los fuertes ajustes anteriores, al tenerse cuidado en el manejo de las finanzas públicas y permitir la libre flotación del peso en comparación con otras divisas.
Por lo mismo existe preocupación porque en el actual año se tiene presupuestado el mayor desequilibrio fiscal de los últimos gobiernos y se está creando lo que llamo un ‘déficit fiscal estructural’, el cual será muy difícil reducir en los siguientes años. Esto es debido a que existe una debilidad en los ingresos públicos, pero al mismo tiempo se han creado diversos programas sociales sin identificar y definir sus fuentes de financiamiento. Por el lado del ingreso es claro que no se recuperará la elevada producción petrolera que tuvo el país en algún momento en el corto plazo y la inseguridad generalizada impide que se recupere la inversión, que elevaría el crecimiento económico y en consecuencia se tendrían mayores ingresos.
A lo anterior habría que agregar el envejecimiento de la población, que eleva el gasto en pensiones y la fortaleza del peso mexicano reduce artificialmente el tamaño de la deuda extranjera, así como sus intereses. En la medida en que se devalúe el peso se elevará su servicio, perjudicando las finanzas públicas. Por lo mismo el gobierno entrante deberá tener como prioridad recuperar el equilibrio fiscal, para evitar una nueva crisis económica.