Sobremesa

A la luz de todos

Lourdes Mendoza opina que Luis María Aguilar, Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán deberán ser más cuidadosos, pues ya metieron al Poder Judicial en tremendo lío con el gobierno de AMLO.

A propósito de la decisión de la SCJN sobre la Ley de Remuneraciones, déjenme recordarles que el 26 de noviembre di cuenta de una "comida complot", la cual se llevó a cabo en Polanco entre los ministros de la Corte, Luis María Aguilar, Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán con los senadores Claudia Ruiz Massieu, del PRI, y Rafael Moreno Valle, del PAN, sí, el mismo que dejó a su esposa como gobernadora, nunca se enteró del huachicol y dejó hipotecado su estado, Puebla. En ese entonces escribí que el ágape tenía como propósito ver las acciones jurídicas que el PRI-AN interpondría en contra de dicha ley. Lo cual era increíble, pues no se veía nada bien, a pesar de los méritos que pueda tener la defensa de los salarios, que se hicieran reuniones a escondidas entre quienes demandan y quienes las resolverán.

Ahora bien, y tras ver también la resolución en Puebla, podemos asegurar que el aquelarre va viento en popa. Así pues, y siguiendo con la política-ficción, ya sólo les faltaría bloquear, de la mano con el PAN y el PRI, el nombramiento del nuevo ministro, para que en la elección del 2 de enero sólo queden 10. Por no dejar, creo es importante aclarar que estos tres ministros deberán ser más cuidadosos, pues ya metieron a todo el Poder Judicial en tremendo lío con el gobierno de AMLO.

Y vienen más demandas…

Qué les cuento, que el famoso y muuuy fifí Piso 51, club de negocios fundado en las alturas corporativas de la Torre Mayor, en Reforma, por Alberto Cinta, Eduardo Solórzano y Sergio Berger es escenario de un pleito legal que ya llegó a los tribunales penales. ¡Así como lo están leyendo! Resulta que en 2015, Cinta, Solórzano, Berger y demás socios, vendieron a Fernando Aramburu Pandal y al empresario inglés George Sandhu los activos de Club Piso 51. La operación se pactó y llevó a cabo, pero en el último momento, Aramburu Pandal decidió quedarse con la última parte del pago. Además, creyendo ser el nuevo mandamás, pensó que podría perdonarse a sí mismo la disposición financiera. Así pues, y tras 2 años de juicio, la disputa alcanzó un punto crítico: un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de administración fraudulenta, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país. También impidió que los nuevos apoderados del Club le otorgaran perdón a Aramburu Pandal, al advertir un flagrante conflicto de interés. Eso sí, Fernando Aramburu Pandal podrá seguir festejando de las fiestas navideñas en las alturas de Club Piso 51. Esto sin olvidar a su invitado de honor, su coach nutricional, quien intentó justificar una de sus inasistencias ante el juez de control, mediante un certificado médico en el cual le diagnosticó síntomas de influenza; lo que le costó que le giraran una orden de comparecencia.

Ojo, lo que está en disputa no es menor. Probablemente en los próximos meses el Ministerio Público encontrará más datos que fortalezcan la responsabilidad penal de quien, al parecer, traicionando a una decena de compañeros accionistas que lo demandaron, se hizo del centro de negocios más selecto de la CDMX.

Bloquean inversiones en Manzanillo

Por cierto, Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, y Eréndira Sandoval, de la SFP, recibieron un expediente en el cual es evidente una posible colusión entre el Órgano Interno de Control de la API Manzanillo, de Román Pablo Rangel, y la empresa PORTER FG, de Emigdio Jesús Murillo Madrigal, quienes intentan bloquear una inversión de la firma Logística de Fluidos y Graneles por más de 350 mdp, que detonará más de mil empleos en Colima.

Este proyecto fue registrado el 14 de noviembre de 2016 mediante el oficio 7.3 970.16 2008, mismo que dos años más tarde, el 28 de febrero de 2018, fue autorizado por la misma Coordinación de Puertos que hoy conduce Héctor López. Sin embargo, el OIC de la API Manzanillo sigue con la cruzada de cancelar este proyecto que también solicitó la quejosa PORTER FG, misma que perdió dos amparos ante el Poder Judicial de la Federación, organismo que ratificó que esta empresa no tiene argumentos para bloquear una terminal portuaria que generará bienestar y empleos.

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