Al presidente más reacio a romper formalismos del poder tocará, por obligación, renunciar a buena parte del mando cinco meses antes de la fecha que marca la Constitución.
La elección ha transcurrido sobre un creciente reguero de cadáveres. Mientras la clase política se afana en aparentar normalidad a la hora de dirimir los comicios, múltiples grupos criminales han seguido su exitosa agenda de apropiación del poder. El qué hacer frente a los aumentos en los índices de violencia son la sustancia inexistente en el debate político.
Las estadísticas criminales van al alza de manera consistente, producto de la estrategia fallida de este sexenio, esa que fue presentada como la corrección de la estrategia fallida del pasado.
Frente a ello, no puede haber más dilación ni plazos que, por más constitucionales que sean, sólo crearán un vacío de poder aún más grande del que el peñismo ha representado. En la agenda de la defensa del Estado de derecho este gobierno es no un socavón, sino un perfecto hoyo negro. Por lo anterior, si los impulsos más halcones de la administración no se imponen, si nadie se intenta robar la elección -para decirlo claramente-, al día siguiente de las votaciones Enrique Peña Nieto debería buscar una cohabitación.
La Constitución marca cinco meses entre la fecha de estas elecciones y la del traspaso formal del poder. México no está para ese lujo decimonónico.
Es cierto que al no tener un alta burocracia profesional, una que no dependa de los vaivenes electorales, los plazos resultan lógicos para que la parvada que habrá de salir deje medianamente en orden la contabilidad en los distintos ministerios.
Y además, los recién electos habrán apenas de conocer la real profundidad de los problemas, esa que los gobernantes no se dicen ni así mismos la mayor parte del tiempo. A pesar de esos dos factores, o precisamente por ellos (el gobierno saliente no heredará una policía consolidada, el gobierno entrante habrá hecho medio al tanteo su estrategia en temas como el de seguridad, etcétera), el desafío al Estado de derecho no puede quedar entrampado en recelos de los actuales y de los venideros, y menos en plazos que marcan un traspaso de poder para tiempos normales, cuando el actual es uno de emergencia.
La administración que quiso obviar en público el tema de la inseguridad ahora deberá diseñar un esquema de cohabitación para que en los hechos las cosas empiecen a revisarse en los primeros días de julio. Después del 1 de julio no hay espacio para la distancia entre perdedores y ganadores. Un ejercicio de grandeza, sin barrunto de precedente en el peñismo, será necesario para que los criminales reciban el claro mensaje de que la clase política logró, por fin, unirse, consciente de que el país está bajo una amenaza inédita, y decidida a enfrentarla colaborativamente sin dilación ni reservas. Sin Estado de derecho no hay garantía para las inversiones extranjeras, no hay margen para negociar con firmeza con el orate de Washington, no hay certeza en las calificaciones de la banca internacional, no hay política productiva que resista extorsionadores y/o los costos de pagar seguridad privada. La reforma educativa serviría para dar salarios que terminarán en manos del narco, la energética sufriría huachicolización y el sistema de salud cancelaría más espacios regionales al no poder garantizar la seguridad del personal. Sin Estado de derecho sólo empeorarán los retos de la migración, propia y de paso, y en el peor de los mundos, se condena a los más pobres a recibir los peores salarios y a 'acompletar' para vivir con dádivas oficiales, pues la derrama económica padecerá los costos de una economía donde el gobierno no garantiza la seguridad de nadie.
El presidente Peña Nieto puede contribuir a que el momento de su partida sea menos sombrío, a que se le reconozca que dentro de la tragedia supo entender que el país se le había ido de las manos y al menos tuvo la altura de procurar ayuda en una larguísima e incómoda cohabitación. Todo un reto para todos, pero no hay de otra.