Cuatro son los ejércitos del señor Presidente, y tenerlos en cuenta puede ayudar a entender por qué hace lo que hace.
El mandatario tiene, por supuesto, el mando de las Fuerzas Armadas, cebadas de presupuesto, concesiones y apapachos como pocas veces en tiempos modernos.
Cree que le son leales, también, las filas del crimen organizado, consentidas de manera singular en el discurso presidencial, de forma concreta en tolerancia a su actuar.
Hay una fuerza civil, que recibe apoyo de las dos anteriores fuerzas armadas: el tercer regimiento está constituido por decenas de miles de operadores gubernamentales desplegados en el territorio nacional para promover la imagen y la dádiva convertida en política social (en ese orden) del jefe supremo.
Y finalmente está la base social: cientos de miles, o incluso millones, de beneficiarios de la dispersión de efectivo que al mismo tiempo se asumen como parte del movimiento hoy en el poder, listos para manifestarse en el egocéntrico ejercicio ese del “no estás solo” o en cuanta consulta haga falta.
El primer ejército se ha empoderado al punto de tener desplantes poco republicanos como su desdén a someterse al Congreso, la redacción subrepticia de leyes que le benefician y la manifiesta resistencia a que se haga justicia en el caso Ayotzinapa.
Pero, eso sí, también acata órdenes. No es nuevo el sentimiento de que cuando más poder y recursos han tenido las Fuerzas Armadas convencionales es cuando menos actúan en contra del ejército de criminales. La novedad es que ahora los papeles de Guacamaya demuestran que la inacción marcial es deliberada.
Varios medios han documentado que en no pocas masacres o tragedias recientes, el Ejército sabía lo que los criminales tramaban (ver, por ejemplo, caso Caborca expuesto este domingo por El Universal). Esa inacción tendría dos explicaciones: los verdes son buenos para documentar, mas no para procesar inteligencia; o, nada remoto, tienen órdenes de hacer nada con lo que muchas veces saben.
Es probable que no actúen porque quien les ordena necesita que las Fuerzas Armadas no convencionales distribuidas en territorio nacional permitan la operación del mencionado brazo civil: en sus cruzadas electoreras y a veces hasta trasladados por el Ejército/Guardia Nacional, siervos de la nación (nombre tomado de un insurgente, por supuesto), gobernadores oficialistas, el partido y el gabinete podrán transitar sin demasiado agobio en regiones bajo control criminal.
Los criminales, por su parte, agradecen que el discurso oficial no los estigmatice mientras aquilatan y aprovechan el margen que les dan para seguir ocupando territorios. Le reconocen, pues, autoridad, pues igualmente se sienten reconocidos. Amor con amor se paga, ¿o cómo era?
El señor Presidente cree que puede dominar de forma virtuosa los equilibrios entre estos ejércitos para solidificar la pax narca que, a su vez, le ayudará a retener el poder para su movimiento.
Porque el summum de la coexistencia mayormente pacífica de estos cuatro ejércitos son las elecciones. Sinaloa o Michoacán, en 2021, ya mostraron cómo conviven en citas electorales los cuatro ejércitos. No son los únicos lugares donde el oficialismo disfrutó de la operación de criminales para garantizar ventaja en las urnas, pero ahí soldados, gobierno y movimiento estuvieron más que conformes.
Cierra el círculo la identificación entre base social y militares que Palacio cultiva al manifestar machaconamente que éstos son pueblo armado. Por ello, a pesar de la aprobación en el Senado de la cláusula que amplía el mandato militar en el campo de la seguridad, ¿quién descarta una consulta para legitimar el poder dado a los uniformados? En una de esas hasta los criminales se organizan para votar.