En diciembre pasado 105 mil trabajadores del gobierno de la Ciudad de México recibieron tarjetas de plástico que contenían parte de su bono por fin de año.
Como se reportó en este espacio el 11 de enero, cada tarjeta Broxel —que sirve lo mismo para usarse en el sistema de trasporte colectivo de la ciudad (Metro o Metrobus) que para pagar, si tienes saldo, en tiendas que acepten Mastercard— contenía 280 pesos.
Si los trabajadores querían usar ese monto, que se les pudo haber dado mediante los tradicionales vales, debían de seguir un sencillo trámite para dar de alta el plástico en la página de internet de Broxel, dueña del convenio que le permite emitir tarjetas del Metro.
Cada uno de esos plásticos es un instrumento financiero que existirá para las autoridades bancarias hasta que el usuario del mismo haga transacciones que toquen el límite de los quince mil pesos.
Cuando eso ocurre, cuando alguien llega a ese tope, la tarjeta se bloquea, por lo que el dueño del plástico forzosamente tiene que enviar a Broxel documentación oficial (identificación y comprobante de domicilio) para ser registrado. Y es hasta ese momento en que la tarjeta existe oficialmente para los reguladores del sistema financiero mexicano.
Desde el otoño pasado decenas de miles de tarjetas Broxel han sido vendidas en las taquillas del Metro.
La peculiaridad de las compradas por el gobierno de la ciudad es que según diversas fuentes, no es que la entonces administración de Mancera haya adquirido 105 mil tarjetas precargadas con 280 pesos y las haya entregado a ciegas a cada uno de los trabajadores a los que quiso dar parte de su bono navideño en esos plásticos, como un acto buena onda para que tuvieran de paso una tarjeta del Metro y, de así desearlo, un monedero electrónico.
No. La entidad contratante de ese paquete de tarjetas (el gobierno de la Ciudad de México) sabe el número de cuentahabiente de cada tarjeta, pues fue así como solicitó la dispersión de los 280 pesos a cada uno de los trabajadores.
Todo lo anterior ocurrió en vísperas de una elección capitalina donde ha habido diversas denuncias por el mal uso de monederos electrónicos.
Por ejemplo, hace casi dos meses se reportó que funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) prometieron desde marzo monederos de plástico con 2,500 pesos de parte, según la denuncia publicada, del candidato perredista a la delegación Venustiano Carranza. (Reforma 14/04/18).
Lo interesante del caso es que la empresa que emite esas tarjetas, de nombre Toka, negó tener contrato con la dependencia mencionada, pero reconoció que sí provee a la delegación Venustiano Carranza de plásticos para programas sociales.
Las denuncias por mal uso de esos instrumentos también se han dado en otras demarcaciones de la ciudad de México (en la delegación Álvaro Obregón, por ejemplo, dominio del señor Leonel Luna, del PRD y, más recientemente en, bieeeen raro, Coyoacán de los Toledo).
Volvamos a las 105 mil tarjetas para burócratas de la Ciudad de México.
Según fuentes, quien gestionó esa entrega fue Miguel Ángel Vásquez, quien hasta febrero pasado se desempeñaba como titular de la Subsecretaría de Administración y de Capital Humano del Finanzas del gobierno de la CDMX.
Luego, a principios de marzo, Vásquez se integró como jefe de gabinete del gobierno capitalino.
Imposible saber cuántas de esas tarjetas ya se perdieron, cuántas por el uso normal de sus dueños ya toparon los 15 mil pesos, y cuántas en cambio tienen espacio para recibir discretos depósitos previo a ser registradas ante autoridades bancarias.
Pregunta: como ya sabemos que luego no se aguantan las tentaciones, ¿no habría sido mejor que las autoridades capitalinas desconocieran el número de tarjeta de cada uno de sus 105 mil burócratas que recibieron esos plásticos en plena antesala de un proceso electoral en el que desde siempre los perredistas estuvieron abajo en las encuestas? Es pregunta de uno –yo— que ayer andaba de mal pensado. Ha de haber sido por la calor.