El 96 por ciento de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminan en la nada.
Con un presupuesto de mil 863 millones de pesos este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni castiga ni recupera los millonarios desvíos de recursos públicos o del erario federal.
En 14 años de operación –de 1998 al 2012– ha presentado 457 denuncias penales y sólo han procedido en 19 casos –el 4.2 por ciento del total–, aunque con sanciones menores contra funcionarios de mandos medios y bajos.
SE DILUYEN
Destaca el hecho que 274 denuncias aún se encuentran en proceso de "integración" en el Ministerio Público Federal, 8 han sido declaradas "acumuladas", 5 se declararon como "no ejercicio de la acción penal" y 4 "en reserva". Las 147 relativas a la Cuenta Pública 2012 están aún en curso al Ministerio Público.
No obstante las reformas, los discursos y los incrementos en el gasto de la ASF, la opacidad ha ido en aumento: Cuando en la Cuenta Pública de 1998 sólo se presentaron 2 denuncias penales, en la del 2012 se levantaron 147; en 2011, 133; en 2010 hubo 102; en 2009, 34; en 2008, 10; 2007 recibió 2; 2006 tuvo 4; 2005, 3; en 2004 hubo 4; 2003, 1; 2002 y 2001 tuvieron 0 denuncias; en 2000 se presentaron 2, y en 1999, hubo 13.
RECUPERACIÓN MÍNIMA
Sobre su tarea de recuperación de los recursos perdidos, desviados o sin comprobar del gasto federal -incluidos los del ejecutivo federal, órganos autónomos, Poderes de la Unión, de los estados y municipios- de las Cuentas Públicas del 2001 al 2011 apenas ha logrado recuperar 71 mil 070 millones 800 mil pesos, según el último registro que tiene la ASF del 31 de diciembre del 2013.
Sin embargo, tan sólo en la Cuenta 2007 la Auditoría Superior hizo observaciones por desvíos por 60 mil 723.6 millones de pesos, que incluyen 18 mil 867.4 millones correspondientes a estados, municipios y al gobierno del Distrito Federal.
En 2004 los daños al erario por desvío de recursos fueron de 33 mil 157 millones, de los cuales 26 mil 404 millones fueron por irregularidades en el gobierno federal, 6 mil 679 en estados y municipios; 61 millones por malos manejos en el Poder Legislativo y 13 millones en el Poder Judicial.
En 2008, si bien informó que recuperó 6 mil 654 millones de pesos, las observaciones y irregularidades generaron un daño superior a los 9 mil 654 millones de pesos y aclaraciones pendientes en otros 4 mil 310 millones de pesos.
Sobre la Cuenta Pública 2010, se registraron "gastos irregulares" por 3 mil 751 millones de pesos en los festejos del Bicentenario y el manejo discrecional de 16 mil 752 millones de pesos a fideicomisos y mandatos.
EL DEDO EN LA LLAGA
En 2011, la ASF registró, primero, que el gobierno del presidente Felipe Calderón realizó gastos "improcedentes" por 399.2 millones de pesos para la construcción de la Estela de Luz del Bicentenario, cifra incluso superior al monto total de la obra presupuestado inicialmente en 393.5 millones de pesos.
Luego señaló también que el Parque Bicentenario, construido en las antiguas instalaciones de la Refinería 18 de Marzo de Azcapotzalco, que tendría un costo de 677.6 millones de pesos, se elevó a mil 173.4 millones de pesos al cierre de 2011.
Por lo que hizo en el caso de la Estela de Luz, el organismo auditor identificó que de los 34 mil 877.96 metros cuadrados de construcción previstos en el proyecto original, sólo se construyeron 8 mil 138, es decir, ni siquiera una tercer parte de lo programado.
Producto de las revisiones practicadas, la ASF determinó que se efectuaron pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos "en el insumo principal del monumento, que es el acero estructural, y 150.3 millones más por la incorrecta integración de precios extraordinarios y por diferencias en volúmenes y conceptos de obra".
PROYECTOS ENCARECIDOS
De ese modo, el monto total de las operaciones observadas en la construcción de la Estela de Luz del Bicentenario sumó, hasta 2011, 399.9 millones de pesos.
El monto más reciente de recuperaciones -71 mil 70.8 millones de pesos-, 43 mil 145 millones 500 mil pesos provinieron de los estados y municipios; 27 mil 91 millones del gobierno federal; 378 millones 600 mil pesos de los órganos autónomos; 305 millones 300 mil pesos del Poder Judicial; 113 millones 700 mil del Poder Legislativo; 35 millones 900 mil pesos en Instituciones Públicas de Educación Superior.