PUEBLA.- Organizaciones no gubernamentales relacionadas con la defensa de los derechos humanos, instituciones universitarias y hasta grupos empresariales se pronunciaron en contra de la llamada #LeyBala que aprobó fast track --entró a comisiones el 12 de mayo y el 19 de mayo se aprobó--, el pasado lunes en el Congreso local.
Tras conocerse los señalamientos de la organización Artículo19, en donde se calificó a la normativa que permite el uso policial de armas de fuego en manifestaciones violentas como "una legislación que atenta contra la protesta social y viola los derechos humanos", Franco Rodríguez, presidente de la comisión de Seguridad Pública, anunció que el análisis de la organización se harán llegar a las comisiones involucradas en el dictamen para que se considere corregir las deficiencias y ambigüedades que presenta.
Una ley preocupante: ONGs
Mediante un comunicado, el Instituto Ellacuría de la Universidad Iberoamericana planteó "su preocupación por la aprobación de la ley ya que, detrás del argumento que esta esgrime sobre la necesaria intervención de la fuerza pública en pro de la 'salvaguarda de la integridad, los derechos y bienes de las personas' o de la dignidad misma, en realidad legitima y legaliza el uso de la violencia, para 'lograr un equilibrio [aparente] entre las funciones de seguridad pública y la protección de los derechos humanos'. Así se ha visto ya previamente en otros estados donde se han aprobado legislaciones similares que han terminado por restringir el espacio público y generar una represión desproporcionada a quienes se expresan y manifiestan.
En un tono muy similar se pronunciaron casi 30 organizaciones, encabezadas por Contingente Puebla, pues también se dijeron preocupadas por la normativa:
"El descontento de la sociedad civil en el estado de Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle enmarca la aprobación de dicha legislación. Ante la indignación legítima y creciente de la población, el gobierno estatal responde con violencia y estrategias que buscan crear un ambiente de miedo entre sus opositores. Es evidente que la preocupación del ejecutivo poblano es la de desmantelar los movimientos que surgieron contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas hidroeléctricas y gasoductos, pero también de buscar diluir a las manifestaciones que busquen cuestionar el estatus quo actual".
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analizará si las leyes aprobadas recientemente en Puebla, Quintana Roo y Chiapas en materia de marchas y manifestaciones, afectan las garantías individuales.
"Si es el caso de que entra en contradicción con algún aspecto de los derechos humanos, seguramente interpondremos una acción de inconstitucionalidad", sostuvo el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, entrevistado en el Senado de la República.
Podría ser inconstitucional: COE
Francisco Romero Serrano, vicepresidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales, pidió a las comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional, revisen la citada ley.
También lanzó un llamado a los legisladores para que se supriman las ambigüedades que presenta el marco normativo, pues, sentenció, las reacciones del cuerpo policial podrían ser muy distintas al calor de los hechos y fuerte con respecto a la agresión sufrida.
Y añadió: "No obstante, la ambigüedad de diversos artículos de ese ordenamiento incurre en violaciones a los artículos Primero, Sexto, Noveno, y 29 de la Constitución en cuanto a Derechos como la Libre Expresión, la Manifestación de las Ideas, el Derecho de Asociación y Reunión".
"Incluso se viola el 29 pues solamente en caso de perturbación grave de la paz pública es competencia del Presidente de la República restringir o suspender el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales".
Se revisará el análisis de A19: Franco Rodríguez
Entrevistado sobre los señalamientos y críticas que hace Artículo 19 a la ley para regular el uso de la fuerza pública, Franco Rodríguez anunció que la valoración será presentada a la comisión de Derechos Humanos del congreso local, para se trabajen, "y en su caso se puedan atender".
Cuestionado sobre las ambigüedades, el legislador señaló que se trata de un asunto de interpretación, pero que si se puede precisar para evitar que se deje abierto que permita al abuso en el uso de la fuerza.
--¿Faltó tiempo para analizar la ley? ¿Debió socializarse la propuesta para escuchar a expertos?
--Es una propuesta de vanguardia, hoy por hoy el uso legítimo de la fuerza se da en todo el país y no está regulado, nos concentramos en generar normas y protocolos para actuar en el trabajo de la policía. Se discutió y se hicieron algunas correcciones durante su paso por las comisiones, pero seguro siempre hay cosas que observa y mejorar, espero que en el futuro se pueda tener una estrecha coordinación con ONGs que seguro tienen mucho que aportar para que las leyes salga de mejor manera.
--Se trata esta ley parte de una estrategia nacional para poner límites a protesta social, como lo señala Artículo 19?
--Yo no lo veo de esa forma, fue un paquete de iniciativas que van en el sentido contrario, y buscan salvaguardar los Derechos Humanos, una de las iniciativas tiene que ver con los protocolos de Estambul. De hecho si comparamos las leyes aprobadas en otros estados, ahí sí podríamos tener dudas si estás limitan o no la libertad de expresión, acá el artículo 39 señala con mucha claridad, la autoridad tiene la obligación de garantizar que los manifestantes salgan a las calles de manera libre.