Con un mercado de miles de millones de pesos en juego, el sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo" mantiene desde hace medio año una guerra abierta contra conductores independientes afiliados a Uber, a los que ha sometido a una violenta campaña de intimidación que ha desembocado, incluso, en la muerte de un chofer y la hospitalización de al menos una decena.
La batalla tiene un origen: el control de algunas de las rutas de transporte público más lucrativas del país, que generan al año más de 8 mil millones de pesos.
Los taxistas pueden cobrar arriba de 700 pesos o 35 dólares por sus viajes del Aeropuerto de Cancún a la zona hotelera; ese mismo recorrido cuesta alrededor de 200 pesos con Uber.
"Es estar lidiando con agresiones, no te dejan cargar al usuario, te tratan de intimidar entre grupos de tres o cuatro taxistas. Es debido a que cobramos mucho más barato que ellos por lo que están tan molestos, pero no tendrían por qué tratar de destrozar los vehículos", denunció Arid Maceda, conductor de Uber en Cancún.
Hasta el momento, según confirmó la propia empresa a EL FINANCIERO, en menos de medio año de operación sus choferes han presentado 22 denuncias penales por lesiones y tres quejas ante Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero no han recibido respuestas o seguimiento por parte de las autoridades.
Imágenes de las lesiones, obtenidas por EL FINANCIERO, dan cuenta del nivel de violencia que de acuerdo con los afectados ha ejercido el sindicato para conservar el control de la zona. Narices rotas, contusiones en cabeza y espalda, ropa desgarrada y golpes en la cara se observan en fotografías tomadas por los propios conductores que han documentado el peligro que supone retar al sindicato.
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Este enfrentamiento ya cobró una vida, advierten: Hadad Isaí Tec, quien volcó en su unidad de Uber en enero pasado tras una presunta persecución de taxistas del sindicato sobre la carretera a Punta Sam.
Autodefinidos en su momento como "soldados del priismo", los taxistas del gremio abiertamente han manifestado por décadas su apoyo al PRI de Quintana Roo, al que han servido para alimentar mítines y organizar operativos electorales, como quedó de manifiesto en las elecciones de junio de 2016, cuando se movilizaron para tratar de ayudar sin éxito a la victoria de Mauricio Góngora.
A las agresiones del sindicato, los choferes deben sumar la mano de hierro de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte de Quintana Roo (SINTRA): en 155 días de operación, se ha multado con 76.5 millones de pesos a los dueños de automóviles que han desafiado a los taxistas establecidos. Mil 288 vehículos, un promedio de ocho diarios, han sido remitidos al corralón.
"Me apuntaron con el arma y así me detuvieron los policías y me chocaron en la parte de atrás (del automóvil Uber) para detenerme. Fue el policía de la unidad 54-4-48", denunció uno de los choferes privados a través de un video en YouTube, el 22 de octubre del 2016. La grabación muestra la forma en que le acorralan cinco unidades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
Hoy, en el Congreso estatal se promueve una ley que castigaría hasta con cinco años de prisión al chofer de Uber que sea atrapado sin concesión. Es una sanción que en el código penal local estaría al mismo rango que violencia familiar y lesiones, algo inédito en el país.
La propuesta es del diputado Emiliano Ramos, hermano de Alejandro Ramos, director de Comunicaciones y Transportes de la SINTRA, ahora bajo el control de un gobierno de coalición del PAN y el PRD.
"En lo que estoy en contra es que no quieran regularse. Lo que no puede ser es que unos transportistas tengan concesiones, una placa otorgada por el Estado, ciertas reglas y que haya otro transporte que no esté regulado por nadie", señaló Emiliano Ramos.
Tras la derrota del PRI, la dirigencia del PRD estatal admite que hay quienes quieren engullir al poderoso gremio de taxistas.
"Están aprovechando hoy, en la inercia por la pérdida del PRI. Por medio de este diputado el PRD les está abriendo la puerta a su corriente. Hay mucho dinero de por medio, poca transparencia en finanzas, entran secretarios que salen multimillonarios. Una placa en Cancún puede costar 350 mil pesos y en Playa del Carmen medio millón", denunció Jorge Aguilar Osorio, presidente del PRD en el estado y quien se dice en contra de la iniciativa de su correligionario.