Cuatro meses después de asumir la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), subió a un podio en el Palacio Nacional de México y declaró la victoria contra las hordas de ladrones que habían estado desviando, durante años, millones de galones de gasolina al día de los oleoductos administrados por el Gobierno.
“Hemos logrado prácticamente desaparecer el robo de combustible”, proclamó el Presidente hace tres años. Se dio la vuelta para mirar un gráfico proyectado detrás de él y comenzó a recitar algunos números que corroboraban sus dichos. Bajo su mandato, dijo, el robo de combustible había disminuido en un 94 por ciento. Los galones robados se redujeron de 3.4 millones por día en noviembre de 2018 —el mes anterior a que AMLO asumiera el poder— a aproximadamente 200 mil en abril de 2019, lo que ahorró a la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, miles de millones de dólares.
“Pero esto es una prueba”, dijo, “de que no se tolera la corrupción”.
Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de erradicar los sobornos y la codicia que han plagado a México durante décadas. En el centro de su lucha, estaba poner fin al saqueo desenfrenado del combustible de Pemex.
Tomó medidas extremas, entre ellas cerrar cientos de kilómetros de oleoductos de Pemex para desalentar el robo, lo que generó escasez de gasolina en todo el país en enero de 2019. Las reabrió solo después de enviar a la Guardia Nacional y reclutar vigilancia militar, un esfuerzo que sigue vigente hasta hoy. Ordenó investigaciones sobre estaciones de gasolina sospechosas de irregularidades contables y canceló a los minoristas que no cumplían con los requisitos reglamentarios.
A primera vista, la disminución de los robos de gasolina en México parece la mayor victoria individual de AMLO hasta el momento en su lucha contra el crimen. Pero una visita a las calles de un grupo de municipios plagados de delincuencia en el centro de México, conocido como el Triángulo Rojo, muestra los límites del alcance de López Obrador.
En una calle tranquila de Tecamachalco, Puebla, un ladrón de combustible corpulento que viste jeans rotos y una camiseta empapada en sudor y al que se le conoce como “el Gordo”, sonríe mientras calcula las ganancias del día en su teléfono celular. “El Gordo” ganaba buen dinero robando y revendiendo gasolina. Pero cuando Pemex cortó los flujos de gasolina al Triángulo Rojo, comenzó a robar gas licuado de petróleo, elemento vital para los vendedores de comida en México y la fuente de calefacción para la mayoría de los hogares del país.
No fue difícil. Mientras los militares federales montan guardia en los ductos de gasolina y diésel, los mil 600 kilómetros de tuberías de GLP de México han quedado prácticamente desprotegidos. El esquema comienza con un soborno: le pagan a un trabajador de Pemex para que les avise a los ladrones, como “el Gordo”, cuando el GLP está fluyendo por un gasoducto y les indica dónde abrir las válvulas. Luego viene la parte peligrosa: desviar el gas, que a diferencia de la gasolina no se puede verter en un balde. Deben conectar con cuidado una manguera al ducto para canalizar el GLP a los cilindros. Debido a la naturaleza explosiva del combustible, los ladrones suelen ofrecer entrega a domicilio.
Aunque los robos de gasolina han disminuido en México en comparación con hace cuatro años, estos grifos ilegales de GLP han aumentado más de 100 por ciento entre 2018 y 2021. La cantidad de grifos descubiertos por Pemex totalizó 2 mil 402 el año pasado, frente a 215 en 2018, según datos de la compañía compilados por las asociaciones de GLP de México. Todavía es un mercado más pequeño que el de la gasolina ilegal, pero está creciendo exponencialmente. Pemex ahora está perdiendo alrededor de mil millones de dólares al año por los robos de GLP, aproximadamente un tercio de lo que estaba perdiendo por la gasolina robada antes de que el Presidente declarara la guerra a los ladrones de combustible, según los grupos comerciales.
Bloomberg Businessweek visitó cinco municipios en los estados centrales de Puebla e Hidalgo, conocidos por el robo de gasolina, para documentar los efectos de la represión de AMLO. La gente allí cuenta dos historias recurrentes: una sobre la pobreza y la opresión que llevan a la mayoría de los jóvenes a una vida delictiva; y otra sobre las muertes y la violencia que se ha extendido por la región desde que la guerra de AMLO contra el llamado “huachicol” redujo el mercado ilegal de combustible y consolidó el poder en manos de unos pocos operativos a gran escala impulsados por cárteles que ahora participan en sangrientas guerras territoriales. Esto es lo que pasa, dicen, cuando se trata el síntoma y no la enfermedad.
“Los esfuerzos de AMLO fueron un buen avance y debemos reconocerlo”, dice Carlos Serrano, director de un grupo mexicano de comercialización de GLP conocido como Amexgas. Sin embargo, se lamenta, en el GLP ha ocurrido lo contrario.
AMLO reconoció desde el principio de su campaña que una de las principales causas del robo de gasolina es la pobreza, la que prometió combatir con 3 mil 860 millones de pesos (188 millones de dólares) en programas sociales. Duplicó sus compromisos después de la explosión de un ducto de gasolina intervenida por los ladrones en Tlahuelilpan, Hidalgo, en enero de 2019, que cobró la vida de 137 personas. “Por eso, vamos a dar opciones, alternativas, para que la gente tenga una manera legal, una forma honesta de obtener sus ingresos, de satisfacer sus necesidades”, dijo en ese momento.
“Desde entonces”, dijo la Secretaría de Bienestar en un comunicado, “la Administración de AMLO ha brindado asistencia financiera a más de 300 personas afectadas por la tragedia, incluidas becas, apoyo para el cuidado de niños y gastos funerarios y legales”. Y se han invertido más de 80 mil millones de pesos en proyectos de construcción, generación de empleos y mejoramiento de infraestructura, afirma la secretaría.
Nada de esto ha demostrado ser suficiente para detener a “el Gordo” y a otros como él. Durante un tiempo, trató de ganarse la vida honestamente para mantener a su esposa e hijos al iniciar su propio negocio de carpintería, pero tenía dificultades para llegar a fin de mes. En 2014, unos ladrones de gasolina le pidieron que se uniera a sus filas. Le dijeron que podía ganar más dinero robando combustible que como carpintero, y tenían razón. En un buen día, vende hasta 80 cilindros de GLP robado por alrededor de 350 a 400 pesos, entre un 20 por ciento y un 30 por ciento por debajo del precio del mercado, y se queda con la mitad de los ingresos. Eso sitúa sus ganancias en 40 veces más que el salario promedio en Tecamachalco y casi 70 veces más que el salario mínimo en todo México, donde más del 40 por ciento de los ciudadanos vive por debajo del umbral de la pobreza.
Ha usado los ingresos adicionales para comprar ropa bonita, joyas caras y regalos para su familia. “El Gordo”, quien pide no ser identificado por temor a ser buscado por funcionarios del Gobierno, también cuenta que ha comprado varios terrenos con las ganancias de la venta de GLP y que ahora puede tomarse más vacaciones con su familia. No obstante, él también ha sufrido las consecuencias. Levantándose la camisa, muestra dos heridas de bala en el estómago. Recibir un disparo, dice, es un riesgo laboral. Ha visto a colegas perder la vida y ahora, más que nunca.
La desaparición de personas está aumentando considerablemente, dice un bombero en Tecamachalco, quien pide no ser identificado por temor a represalias. En un mes, descubren alrededor de dos o tres cuerpos. Pero hay muchos más si se considera que otros cuerpos de bomberos encuentran el mismo número. Él atribuye el aumento de los asesinatos a la intensificación de las guerras territoriales entre las redes de robo de combustible que arrojan los cuerpos de las víctimas en pozos secos profundos que antes se usaban para almacenar agua en las granjas.
Un portavoz de AMLO no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el incremento de la violencia en la región. En el estado de Hidalgo, los homicidios aumentaron un 24 por ciento en los primeros cinco meses del año, a 124. En Puebla, subieron un 26 por ciento, a 398.
Los “huachicoleros” han atacado a guardias de seguridad de Pemex, quemado patrullas y linchado a agentes de la oficina del fiscal general. En Puebla, los grupos criminales que se dedican al robo de gasolina y GLP también suelen estar involucrados en secuestros, tráfico de drogas y robo de autos, según la policía local.
Se han formado relaciones complicadas entre los “huachicoleros” y las comunidades en las que operan. Los lugareños han llegado a depender de ellos y, en algunos casos, celebran que vendan combustible asequible.
Pero también los desprecian y los culpan de la creciente violencia en sus calles.
En el estado de Hidalgo, un bar tiene un cóctel llamado “huachicoleros” que se sirve en un bidón de gasolina en miniatura. Los ladrones allí venden gasolina a la mitad del precio minorista, lo que ofrece cierto alivio a la inflación desenfrenada y al aumento de los costos de la energía. También llenan el vacío dejado por un sistema de bienestar público que a menudo es insuficiente.
Conduciendo por las calles empedradas de San Bartolo Ozocalpan en Hidalgo, un hombre conocido como “Chapa” recuerda su forma de vida pasada cuando, junto con un grupo de sujetos, intervenía los ductos de Pemex en medio de la noche para sacar gasolina. Ahora está en el negocio de la venta de cerámica, pero habla con cariño de los ladrones locales. Cuando la esposa de “Chapa” estuvo hospitalizada durante varios meses en 2019, fueron los ladrones de combustible residentes de Hidalgo quienes le dieron gratis la gasolina que necesitaba para visitarla.
Los residentes entrevistados por Bloomberg Businessweek en Puebla e Hidalgo dicen que no han visto ninguna de las ayudas prometidas por el Gobierno y que no estaban al tanto de los programas sociales disponibles para ellos. Los robos de combustible siguen siendo comunes en ambos estados. En un puesto militar en Hidalgo, un soldado se para sin hacer nada, mientras patea el polvo con sus botas. Lo habían enviado a proteger el gasoducto Tula-Salamanca de las extracciones ilegales y, sin embargo, esa misma mañana se habían denunciado dos. Por mucho que a AMLO le gustaría proteger cada centímetro del sistema, los militares no tienen los recursos para vigilar una línea completa de 223 kilómetros, particularmente en los lugares donde el terreno impide el acceso de vehículos, dice.
En Puebla, los militares están tan concentrados en los ductos de gasolina y diésel que las redes de GLP se han convertido en zonas sin restricciones, dice Luis Landeros, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo. El crimen organizado se pasó al GLP, asegura, y agrega que tienen una estimación de que entre el 15 por ciento y el 20 por ciento del mercado en el centro del país está inundado con este producto ilegal.
AMLO está comenzando a reconocer que el robo de combustible sigue siendo un problema en México. En varias conferencias de prensa en mayo señaló que el robo de gasolina había aumentado frente a un año antes. Incluso hizo referencia al robo de GLP.
“Los ladrones se equivocan si creen que pueden actuar con impunidad”, dijo el mandatario durante una de estas conferencias. “En el Gobierno que encabezo, y así es en Puebla, no hay impunidad, es cero impunidad”.
Consulta la edición más reciente de Bloomberg Businessweek México: