En pocas ocasiones se había visto en México un consenso tan amplio como en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). La propuesta de reforma constitucional en materia político electoral planteada al Congreso por el Presidente Andrés Manuel López Obrador propone la eliminación de este Instituto tal y como lo conocemos, y la creación de una nueva instancia denominada Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Otra diferencia fundamental radica en el proceso de selección de los integrantes de la autoridad electoral.
Hoy, es la Cámara de Diputados quien los elige a través de un proceso de evaluación técnica y, al final, cuando se definen los prospectos, se requiere una mayoría calificada para la selección de quienes serán integrantes de este órgano.
La propuesta presidencial implica la elección de los consejeros a través de votación popular de un listado de 60 personas, 20 propuestas por el Presidente; 20 por el Congreso (10 por cada Cámara) y 20 por el Poder Judicial.
Lo que se ha evaluado en el análisis de este esquema es que, dados los balances de fuerzas que hoy existen, las propuestas definirían a personajes cercanos al actual gobierno y por lo tanto el órgano electoral quedaría supeditado a los designios de la actual administración. Más allá de que el proceso para seleccionar en una votación popular entre 60 personas se volvería auténticamente inmanejable.
Hay otras propuestas, pero respecto al INE esta es la más relevante.
Para entender por qué el amplio respaldo recibido por el INE y que se expresó en multitudinarias marchas en diversas ciudades del país, notoriamente la Ciudad de México, es necesario hacer un recuento del proceso de construcción de este órgano.
En el pasado, el proceso electoral en México era organizado por el Poder Ejecutivo, específicamente por la Secretaría de Gobernación, quien presidía lo que entonces se denominaba la Comisión Federal Electoral.
En la medida que el gobierno estaba controlado por el PRI, era imposible asegurar la imparcialidad del organizador y árbitro del proceso electoral. No existía tampoco un Tribunal y las elecciones a la presidencia eran calificadas por la Cámara de Diputados, que usualmente estaba también bajo el control del PRI.
El resultado es que muchas elecciones fueron altamente parciales y con la sospecha de la realización de fraudes en el recuento de los votos.
El caso extremo ocurrió en el año 1988 cuando Cuauhtémoc Cárdenas, quien se había separado del PRI ante el bloqueo que recibió su aspiración a contender por la candidatura presidencial, fue respaldado por una amplia coalición de partidos políticos agrupados en el llamado Frente Democrático Nacional.
En ese año, el PRI ganó la elección presidencial que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari, por un margen de poco más del 50 por ciento de los votos, pero siempre existió la sospecha del fraude.
En 1994, en el camino a la siguiente elección presidencial el país entró en una grave crisis política por el hecho de que se presentó una rebelión indígena en Chiapas y posteriormente ocurrió el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.
Para hacerle frente a esas condiciones inéditas en México desde el fin del caudillismo, en la década de los 20 del siglo pasado, y a la percepción de que las instituciones mexicanas estaban haciendo agua, se creó el Instituto Federal Electoral ciudadanizado. Es decir, se le dio la autoridad a los Consejeros Ciudadanos que fueron electos por los legisladores.
En la elección de 1994 se tuvo una amplia participación de ciudadanos y el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, ganó por un amplio margen, en unos comicios que ya no fueron cuestionados.
A partir de que empezó a funcionar de manera más plena el IFE, la sospecha de fraudes electorales se fue diluyendo y la participación política de la ciudadanía fue creciendo con la certeza de que las elecciones eran imparciales.
De esta manera, en 1997, por primera vez en la historia, el PRI no consiguió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y logró solo una mayoría relativa.
En 1996, la presidencia del IFE había recaído en José Woldenberg, el orador en la gran concentración realizada en la Ciudad de México el pasado 13 de noviembre, y considerado el símbolo de la democracia naciente en el país.
En 1997, también el excandidato presidencial de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas por su parte, ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, un puesto de elección popular que se disputaba por primera vez y era probablemente el segundo puesto más importante del país después de la presidencia de la República.
En este proceso, en el año 2000, por primera ocasión en la historia, el PRI perdió la presidencia de la República ante Vicente Fox, el carismático candidato que fue respaldado por el Partido Acción Nacional y por el Partido Verde.
Desde esa ocasión, se reforzó la credibilidad de los resultados electorales, hubo un amplio proceso de alternancia política tanto a nivel de la presidencia de la República como en los gobiernos de las entidades federativas.
México dejó de ser un país de un solo partido.
Sin embargo, la derrota de Andrés Manuel Manuel López Obrador en 2006 frente a Felipe Calderón (derrota nunca reconocida por él), le fue atribuída por el hoy Presidente de la República a un fraude orquestado por el Instituto Federal Electoral y por el gobierno de Vicente Fox.
López Obrador, desde entonces, tuvo en la mira cambiar la estructura del Instituto al que consideraba parcial.
Por esa razón, al comenzar la segunda parte de su administración propuso tres reformas constitucionales: la del sector eléctrico, que fue rechazada por la Cámara de Diputados; la de la Guardia Nacional, que operó a través de un cambio legal y no constitucional; y más recientemente propuso la reforma político electoral que plantea la transformación del Instituto Nacional Electoral.
Así que pareciera que aunque existe un amplio consenso respecto al hecho de que el INE ha realizado bien su trabajo, no es la opinión que tiene el Presidente López Obrador ni algunos integrantes de Morena.
Además, el rechazo presidencial se agravó por el hecho de que en el Consejo del INE hay dos consejeros a los cuales considera virtuales opositores a su gobierno: el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y Ciro Murayama.
Aunque se vea poco viable la aprobación de una reforma constitucional en materia político electoral, todo indica que el litigio entre el gobierno y el INE va a permanecer por lo menos hasta el cambio de cuatro consejeros, que habrá de darse en abril de 2023.