Cada mañana, Amelia Ixcoy se levanta al amanecer para ponerse el delantal y comenzar a amasar harina, antes de llenar charolas llenas de bolitas de masa al horno de la panadería. El trabajo es acelerado, una carrera contra el tiempo para hornear suficientes panes antes de que despierte El Palmar, un pueblo en las tierras altas de Guatemala.
Para Ixcoy, el negocio es más que una fuente de ingresos: es una forma de mantener unida a su familia. Hasta hace tres años, Amelia vivía con el temor de que su hija Rosa, que buscaba trabajo después de la universidad, se uniera a los cientos de miles de guatemaltecos que migran a Estados Unidos cada año en busca de oportunidades económicas.
En cambio, las dos mujeres abrieron la panadería con un préstamo de una cooperativa comunitaria que reúne remesas, dinero enviado por guatemaltecos que viven y trabajan en el extranjero a sus familiares en casa. El objetivo es ayudar a personas como los Ixcoy a iniciar negocios locales en lugar de sumarse en viajes ilegales y, a menudo, peligrosos, que se realizan a Estados Unidos.
El proyecto El Palmar, la primera cooperativa de migrantes del país, comenzó en 2019 con alrededor de 40 residentes contribuyendo con fondos. Hasta el momento ha invertido un total de 125 mil dólares en 25 nuevos negocios, entre ellos una librería y tienda de electrónica, así como la panadería de los Ixcoy. Al menos otros seis pueblos del altiplano guatemalteco han seguido el ejemplo.
Esto se produce en medio de un creciente descontento por la forma en que la disfunción gubernamental y la pobreza endémica crean presiones para que los guatemaltecos emigren. Estas frustraciones contribuyeron a la aplastante victoria del cruzado anticorrupción Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales de agosto.
Las detenciones de guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos promediaron 61 mil personas entre 2012 y 2017, aumentaron a 116 mil en 2018 y se duplicaron con creces el año siguiente, a 264 mil, según un análisis del Centro Duke para el Desarrollo Internacional, que señaló que el cambio climático también ha sido un motor impulsor.
Las políticas anteriores destinadas a frenar la migración a Estados Unidos no han logrado abordar la causa fundamental: el 59 por ciento de los guatemaltecos viven por debajo del umbral de pobreza, y más de las tres cuartas partes de quienes pretenden migrar lo hacen en busca de oportunidades económicas.
El alto nivel de migración está privando al país de trabajadores y creando un ciclo de dependencia que inhibe el crecimiento económico. Quienes se quedan dependen en gran medida del dinero enviado por familiares en el extranjero, y las remesas en 2022 aumentaron un 18 por ciento con respecto al año anterior a 18 mil 200 millones de dólares, equivalente a casi una quinta parte del producto interno bruto del país.
“Los migrantes son los que están llevando a Guatemala, los migrantes son los que están mejorando las cosas”, dice Ixcoy. “Los pobres están luchando por tener éxito en nuestro país”.
La iniciativa en El Palmar es parte de un impulso más amplio en Guatemala para aprovechar el potencial de las remesas para impulsar el desarrollo económico. A pesar de la gran entrada de dinero del exterior, las remesas no se han traducido en una reducción significativa de la pobreza, y la mayoría de los fondos (aproximadamente el 57 por ciento en 2020) se han utilizado para cubrir gastos domésticos básicos.
“La idea es aumentar las oportunidades económicas para la gente que vive aquí en El Palmar”, dice Milthon Escobar Pelicó, quien es presidente de la cooperativa. “Los inmigrantes que viven en Estados Unidos no quieren que otras personas tengan que migrar. Quieren que la gente tenga las mismas oportunidades que tendrían en Estados Unidos, aquí en Guatemala”.
Además de reforzar la economía local con empleos e ingresos y aumentar su sentido de comunidad, la cooperativa brinda consejos sobre cómo ahorrar dinero y cuándo invertirlo. Incluso cuando los guatemaltecos logran acumular ahorros, a menudo carecen de la educación financiera necesaria para convertirlos en activos para generar más riqueza, según Pelicó. “La gente tiene casas y coches nuevos. Pero no invierten, no tienen un negocio, no tienen ahorros en el banco”, afirma.
Parte del problema es la baja tasa de inclusión financiera del país: menos de la mitad de los guatemaltecos tienen una cuenta en una institución financiera. Eso impide su capacidad para obtener rendimientos de sus ahorros o para acceder a créditos para nuevas empresas. Incluso puede alentarlos a migrar .
“Cuando los receptores de remesas pueden ahorrar pero no ven una oportunidad significativa de invertir sus activos en la comunidad local, hacen un cálculo de costo-beneficio de que es mejor que se vayan”, dice Manuel Orozco, director de Migración, Remesas y Programa de Desarrollo del Diálogo Interamericano, un grupo de expertos con sede en Estados Unidos.
Actualmente, solo el 5 por ciento del crédito en Guatemala se destina a microempresarios, dice Orozco, y los prestamistas prefieren invertir en negocios de bajo riesgo que ya les resultan familiares. Aboga por la introducción de una legislación similar a la Ley de Reinversión Comunitaria de Estados Unidos, que exige que las instituciones financieras reinviertan en las comunidades en las que tienen su sede.
El Presidente electo Arévalo dice que quiere ampliar los programas de trabajo temporal en Estados Unidos e invertir en las zonas más pobres del país para reducir las salidas.
Hasta que dichas políticas se materialicen, los miembros de la cooperativa de El Palmar se están haciendo cargo ellos mismos. Ixcoy casi ha pagado el préstamo de 50 mil quetzales (6 mil 300 dólares) que recibió para iniciar su panadería hace tres años. Su principal preocupación estos días es satisfacer las demandas de su creciente base de clientes. La panadería emplea a cuatro personas, entre ellas Rosa y su marido, para elaborar los 180 panes que se compran diariamente. Sin embargo, el mayor retorno ha sido trabajar junto a Rosa. “Agradezco mucho que mi hija esté conmigo y que no se haya ido a EU”, dice.
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