Andrés Manuel López Obrador tiene una nueva estrategia para tratar de asegurar la continuidad de su proyecto. Aunque se supone que el sistema electoral en México prohíbe que el presidente de la República intervenga en las elecciones, tal impedimento no ha sido obstáculo para que AMLO lo haga.
Ahora pareciera que emprenderá una serie de acciones para influir de manera relevante en el resultado de la elección del 2024. El próximo 5 de febrero presentará un paquete de reformas constitucionales para modificar diversos aspectos de la vida del país.
Tradicionalmente en México, el 5 de febrero, fecha conmemorativa de la promulgación de la Constitución, el Gobierno federal convocaba en Querétaro a los otros dos poderes de la Unión, y a todos los mandatarios estatales a realizar un evento denominado “Reunión de la República”, encabezado por el presidente.
Por primera vez desde que se tiene memoria, dicho evento será desairado por el Mandatario. Algo así como si no celebrara el grito del 15 de septiembre. AMLO anunció que ese mismo día, en el Palacio Nacional, en la antigua sede del Congreso, presentará una reforma constitucional que incluyen cambios al Poder Judicial, con objeto de que los ministros y magistrados, y probablemente también los jueces, sean designados a través de la votación popular en las urnas.
También presentaría una reforma para modificar las instituciones políticas de México, desapareciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y realizando un cambio radical al Instituto Nacional Electoral, para delimitar sus funciones y cambiar los mecanismos de designación de los integrantes de su Consejo General.
Ha agregado a estas reformas, que ya había planteado en el pasado, otras más. La primera de ellas consiste en modificar el sistema de pensiones para que la llamada tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario recibido con el cual se jubilan los trabajadores, llegue al 100 por ciento. Además, propone que se establezca en la Constitución una modificación para prohibir que el incremento anual al salario mínimo esté por debajo de la inflación.
Otras más tienen que ver con el tema ferroviario, los programas del bienestar y los órganos autónomos, en un nutrido paquete. Resulta sorprendente para algunos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretenda realizar cambios constitucionales en el último año de su gobierno a pesar de no contar con los votos necesarios en las dos cámaras del Congreso.
La Oposición ha expresado ya que rechazará las reformas planteadas. Esto significa que ninguna de ellas tiene realmente posibilidad de ser aprobada, al menos antes de que concluya la actual legislatura el 31 de agosto y sea electa una nueva.
Entonces, ¿por qué el presidente pretende presentar este conjunto de iniciativas prácticamente desde el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso? La razón es que, si la Oposición, en el curso de los meses de marzo o abril vota en contra de este conjunto de reformas, le dará a los candidatos de Morena a diversos puestos de elección popular una poderosa narrativa.
Los candidatos respaldados por Morena pueden plantear que pretendieron asegurar, por ejemplo, que el salario mínimo aumente más que los precios, pero que la Oposición se negó a ello. O bien, decirle a los ciudadanos que Morena pretendió resolver el problema de las bajas pensiones, pero que fueron los opositores los que se negaron a aceptarlo.
Vale lo mismo para la reducción de los costos de las autoridades electorales o la posibilidad de que sea el ciudadano de a pie el que defina la composición de los órganos de impartición de justicia, como la Suprema Corte.
Para el elector común, este puede ser un discurso muy atractivo, y podría pensarse que votar por Morena implicaría asegurarse que dichos cambios habrán de realizarse en la próxima legislatura, tras el triunfo del partido en el poder en las elecciones del 2 de junio.
La totalidad de las encuestas que se han levantado hasta ahora establece que hay una marcada ventaja en la preferencia electoral a favor de Claudia Sheinbaum respecto a Xóchitl Gálvez. Esta condición puede cambiar en el futuro. Sin embargo, es tal la ventaja favorable a la doctora Sheinbaum, que pareciera ya muy complicado que se revirtiera.
Por esa razón, quizás el centro de la atención en las elecciones a lo largo de los próximos meses, más que el resultado de la elección presidencial, será sobre todo el Congreso.
En 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador resultó electo presidente de la República con el 53 por ciento de los votos, Morena y sus partidos aliados obtuvieron solamente el 46 por ciento de los sufragios para diputados. Si el presidente pretende realizar un cambio político más profundo y que no sea reversible al quedar plasmado en la Constitución, sabe que será necesario que Morena consiga la mayoría constitucional en las dos cámaras, es decir más del 66 por ciento de los asientos.
El sistema electoral mexicano permite sobrerrepresentación del partido que cuente con el mayor porcentaje de los votos.
La asignación de diputados plurinominales, es decir, de representación proporcional, permite que el partido que obtuvo el mayor número de votos pueda sumar hasta 8 por ciento más legisladores respecto al porcentaje de los votos que obtuvo.
Esto implica que, por ejemplo, para obtener mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso, sería necesario que Morena y sus aliados obtuvieran al menos el 42 por ciento de los votos en las elecciones para diputados y senadores. De acuerdo con las encuestas de intención de voto, esto es algo plausible.
Sin embargo, por lo pronto, se ve improbable que logren el porcentaje necesario para conseguir el 66 por ciento de los asientos.
Pareciera que la estrategia de López Obrador está apuntando a que el uso electoral de las reformas que ha planteado pueda marcar una diferencia y permitir en los próximos meses, la intención de votos a favor de los legisladores de Morena crezca de manera tal, que pueda ser suficiente para conseguir las mayorías calificadas en las cámaras del Congreso.
Aunque los expertos han cuestionado la mayoría de las reformas propuestas, AMLO sabe que en la medida que se tengan que presentar argumentos elaborados para demostrar que no son convenientes, resultará muy complicado influir en la opinión pública para rechazarlas. Veremos en los próximos meses si la estrategia planteada por AMLO funcionó.
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