¿Resistirá el peso los retos del futuro?

Muchas personas esperaban que al acercarse el proceso electoral en México, la paridad de nuestra moneda frente al dólar se fuera para arriba. El razonamiento era relativamente sencillo. En la medida que surgían incógnitas respecto al resultado electoral y sus consecuencias, se esperaba que más y más inversionistas ajustaran sus portafolios para sacar de ellos a los activos denominados en pesos, que podrían considerarse de riesgo, y así moverse entonces hacia inversiones más seguras como, por ejemplo, los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

No es algo nuevo. Pasó en otras elecciones. En el año 2018, un par de semanas antes de los comicios en los que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República, la cotización de nuestra moneda frente al dólar llegó a 20.67 pesos para bajar posteriormente ante la percepción de que el triunfo de López Obrador no iba significar un desorden en las finanzas públicas ni una amenaza a la estabilidad del país.

Para esta elección del 2024, la percepción de que podría haber una mayor demanda de activos en dólares tal vez derivaba de que se anticipaba, hace algunos meses, una elección cerrada y que por lo tanto era necesario esperar a tener el resultado para poder perfilar con mayor claridad el futuro.

O incluso, aún considerando que la ventaja de la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, fuera suficientemente grande como para asegurar el triunfo, también algunos esperarían a que definiera con más claridad sus políticas para poder tomar la decisión de regresar a activos en pesos.

Pareciera, observando el comportamiento de los mercados financieros, que ya no hay tales inquietudes pues, por una parte, aparentemente los inversionistas dan por descontado el resultado final, y también confían en que las políticas que emprenda la hipotética administración de Sheinbaum, serán suficientemente sólidas como para no propiciar que haya desorden en las finanzas públicas.

Un banquero mexicano me confiaba hace algunos días que percibía que los mercados se encontraban excesivamente optimistas respecto a este último hecho pues estaban minimizando los riesgos.

La razón es que aunque la versión oficial es que con los Precriterios de Política Económica propuestos para el año 2025, así como con la continuidad del actual titular de Hacienda que se plantea como el escenario más probable, no hay certeza de que tengamos un escenario de finanzas públicas plenamente ordenado para el 2025.

En contra del argumento planteado por Hacienda que señala que el exceso de gasto previsto para este año derivó sobre todo de la conclusión de los megaproyectos que el gobierno de López Obrador lanzó, en realidad, buena parte de la presión fiscal del 2024 provino del gasto operativo, particularmente de los programas sociales, así como de las fuertes presiones derivadas del pago de pensiones y de los mayores costos financieros.

Esto significa que aún cuando se concluyan los megaproyectos, estos factores no van a cambiar en el año 2025, pues diversos programas sociales tienen carácter constitucional y en el caso de las pensiones, hay compromisos contractuales que el gobierno federal debe respetar.

Es decir, más allá del argumento de Hacienda de que hay manera de bajar el gasto del 2025 sin afectar el gasto operativo, no pareciera haber condiciones para que las cosas sean así.

Sin embargo, pese a las presiones fiscales, hasta ahora no se plantea la posibilidad siquiera de realizar una reforma fiscal.

Por esa razón, no sería imposible observar en 2025 un déficit público superior al 3 por ciento que se ha anticipado en los Precriterios de Política Económica.

Algunos expertos consideran que los mercados financieros serían benévolos con el próximo gobierno, aún cuando no haga un recorte al gasto tan fuerte el próximo año como el que se está anticipando, siempre y cuando se establezca un programa consistente y creíble para una corrección de la trayectoria de las finanzas públicas y llegar así a un nivel de déficit de 3 por ciento, por ejemplo, en el lapso de dos o tres años, y no en un solo ejercicio.

El otro factor relevante para lograr credibilidad en las finanzas públicas en el próximo sexenio será la política respecto a Pemex. Si la propuesta es dar continuidad a las estrategias que se han diseñado hasta ahora y que se han aplicado a lo largo de la actual administración, lo más probable es que Pemex seguirá requiriendo un significativo flujo de recursos año con año.

De hecho, en la agenda está también la reestructuración de la deuda de Pemex, cuyos vencimientos en 2025 son elevados y se ha anunciado que podría empezar a convertirse en deuda pública.

De acuerdo a lo comentado por el Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, este proceso podría implicar poco más de 40 mil millones de dólares.

En esas circunstancias, la única posibilidad para impedir que las agencias calificadoras castiguen a las finanzas públicas mexicanas es mediante una redefinición de la política energética y del papel que en esta tienen tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La situación financiera de Pemex es una fuente de presiones para las finanzas del gobierno, lo que requiere cambiar, pues no es sostenible.

En el caso de la CFE, aunque no tiene presiones financieras equiparables a la petrolera, se requiere que deje el espacio necesario para que haya más inversiones por parte del sector privado en materia de generación de energías renovables y la empresa pública se concentre en la transmisión, pues sólo ella puede invertir en esa función.

La probable administración de Sheinbaum podría estar atrapada entre el cumplimiento de sus discursos, que han sido muy estatistas, defendiendo el rol de Pemex y de la CFE, como empresas del Estado, pero al mismo tiempo, con una orientación muy clara hacia la transición energética, a la cual está comprometida por filosofía e historia personal.

Sheinbaum podría quedar atrapada entre las dos visiones, la suya como científica comprometida a la solución del problema del cambio climático y su visión ideológica, orientada a fortalecer a las empresas del Estado como Pemex y CFE.

Quizás no haya otro tema en el que los observadores políticos y, sobre todo, los que siguen las implicaciones económicas de los resultados electorales hayan puesto tanta atención.

Claudia misma enfatiza el tema de la transición energética como un diferenciador importante respecto a AMLO.

Veremos entonces qué es lo que nos depara el futuro.

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