La impactante incursión de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro durante el primer fin de semana de enero reconfiguró el tablero hemisférico de formas que pocos esperaban. La exitosa operación para detener a Maduro y a su esposa con vida y trasladarlos a un tribunal federal en Nueva York para enfrentar a la justicia por cargos criminales en EU relacionados con narcoterrorismo, representó una victoria para la administración Donald Trump.
Líderes de toda América Latina y el Caribe enfrentan un inicio de año explosivo, mientras ponderan hacia dónde girará ahora la guerra contra las drogas de la administración del mandatario estadounidense.
La operación en Venezuela fue el primer paso concreto de esa administración para poner en marcha su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en diciembre. La lucha contra regímenes hostiles y cárteles del narcotráfico en América Latina ocupa un lugar central en el documento, que establece: “Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales”.
Este es uno de varios objetivos de EU que sustentan el “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, la histórica declaración que se opone a la intervención de potencias extranjeras en el hemisferio occidental. La estrategia plantea “un reajuste de nuestra presencia militar global para abordar amenazas urgentes en nuestro hemisferio”. Esa presencia estará acompañada de “despliegues dirigidos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluyendo donde sea necesario el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en el cumplimiento de la ley”.
Si había alguna duda de que la Casa Blanca veía la “Operación Resolución Absoluta” en Venezuela como un esfuerzo culminante —en lugar de una dramática salva de apertura en una nueva ola de acción—, el presidente Trump rápidamente las disipó. Es cierto que el caso de Venezuela tiene características únicas que no se replican en otras partes del hemisferio: otros líderes pueden ser ilegítimos, corruptos, estar vinculados al narcotráfico y ser cercanos a China y Rusia, pero Maduro era el único mandatario en funciones bajo una acusación federal estadounidense.
Aun así, el presidente Trump planteó directamente la posibilidad de acción militar en Colombia, Cuba y México (e insinuó, por diferentes razones, que EU presionaría fuertemente a Groenlandia).
Tras esos comentarios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó al presidente Trump. Con respecto a la cooperación bilateral antidrogas entre Estados Unidos y México, posteriormente dijo que fue “una muy buena conversación” y que, “además, está la soberanía e integridad territorial de México y él lo entendió”.
Los gobiernos latinoamericanos están tomando medidas hoy para combatir a los cárteles, pero la administración Trump parece insatisfecha. Además, ha cambiado su enfoque, al tratar la lucha contra los cárteles y otras organizaciones criminales no solo como un asunto antidrogas, sino cada vez más como una prioridad de antiterrorista.
Durante el año pasado, el gobierno de Estados Unidos designó a 15 cárteles de drogas y grupos criminales en América Latina y el Caribe como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados, imponiendo severas sanciones y penalidades estrictas a individuos y empresas que proporcionen apoyo material a estos grupos.
El objetivo es desmantelar estas redes criminales y cortar su acceso al sistema financiero estadounidense.
El 15 de diciembre, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva que designa al fentanilo y a sus principales precursores químicos como Armas de Destrucción Masiva. La orden instruye al fiscal general a emprender de inmediato investigaciones y procesos penales por tráfico de fentanilo, y a los departamentos del Tesoro y de Estado a actuar contra los activos y las instituciones financieras involucradas. Asimismo, se ordena al secretario de Guerra determinar qué recursos militares pueden apoyar los esfuerzos estadounidenses para combatir el tráfico de fentanilo.
El Departamento de Justicia también ha redirigido recursos para investigar y procesar el tráfico de drogas, así como las actividades de personas y empresas que apoyan las operaciones de los cárteles. Además, emitió lineamientos de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), que establece que priorizará las conductas indebidas asociadas con las actividades de estos grupos criminales.
En otras palabras, la presión está en aumento. Esto es particularmente evidente en el Caribe, donde se mantiene una significativa presencia militar de EU, y en el Pacífico oriental, que también ha sido escenario de varios ataques contra rutas de tráfico marítimo. No obstante, EU considera los “ataques en tierra” como un paso viable y deseable para enfrentar a los cárteles de la droga en el hemisferio.
En el caso de México, Estados Unidos ha presionado para realizar operaciones conjuntas con autoridades de seguridad mexicanas, una propuesta que hasta ahora la presidenta Sheinbaum ha rechazado. En Colombia, los intercambios tensos entre el presidente Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro han dado paso a una frágil distensión, probablemente facilitada por el hecho de que el ejército estadounidense tiene una larga historia de cooperación con Colombia en la lucha antidrogas.
Más allá de Colombia, México y Venezuela, destaca que Ecuador, El Salvador y Haití también cuentan con cárteles de la droga que han sido designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por la administración Trump. Muchos de estos grupos incluso operan fuera de su país de origen, y la administración ha manifestado interés en sus vínculos con otras organizaciones criminales de la región. Es casi seguro que ocurran nuevas y adicionales designaciones.
La campaña antidrogas continuará en 2026. Incluso los países que cuestionan la conveniencia de la “Operación Resolución Absoluta” en Venezuela deberán demostrar su propia determinación para combatir a los poderosos cárteles que hoy son un foco central de la estrategia de seguridad nacional estadounidense en el hemisferio.
* Daniel P. Erikson es asesor senior en Covington & Burling LLP y senior fellow no residente en el Atlantic Council
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